Mineros artesanales en Colombia ratificaron su intención de comenzar un paro indefinido a partir del miércoles, una protesta que se sumará a la de campesinos en la región del Catatumbo, que ha dejado ya cuatro muertes y bloquea las vías desde hace más de un mes.

Los pequeños mineros de oro, carbón y sal anunciaron su protesta en diversas regiones del país, para reclamar que se diferencie entre explotación ilegal y la artesanal, según sus líderes, quienes no han logrado un acuerdo con el gobierno para desactivar el llamado al paro.

"El paro se hará por tiempo indefinido, hasta que haya una verdadera voluntad (de negociación) del Estado. Esperamos una movilización de cerca de 25.000 personas en 80 municipios. La principal manifestación será en Buenaventura (suroeste), donde unas 4.500 personas saldrán a las calles", dijo este martes a la prensa Ramiro Restrepo, presidente de la Comisión Nacional de Mineros de Colombia.

"Pedimos que por medio de normas se establezca la diferencia entre la minería artesanal y la ilegal, que es la que afecta al país", añadió este dirigente.

Los mineros reclaman en particular la aplicación de una norma de la Comunidad Andina, que permite incautar y destruir la maquinaria y los equipos utilizados en la minería ilegal.

En Colombia existen 14.357 unidades de producción minera, de las cuales 56% carece de un título de explotación, según cifras del ministerio de Minas.

Pero no está claro cuáles son las unidades que explotan tradicionalmente mineros artesanales y en cuáles han penetrado bandas criminales, originalmente ligadas al narcotráfico y que se han vinculado también a esa actividad extractiva.

El ministro de Minas, Federico Renjifo, que en los últimos días ha intentado disuadir a los mineros y evitar la protesta, lamentó que estos hayan decidido mantener su llamado a paro.

"Resulta inexplicable que para hacer propuestas y peticiones se tenga que necesariamente entrar a hacer un paro. Estamos con técnicos y abogados buscando la forma de hacer esa diferenciación de los tipos de minería legal e ilegal", dijo Renjifo este martes.

Protesta campesina en un callejón sin salida

El paro minero abrirá un nuevo frente de conflictividad social justo cuando el gobierno de Santos ha visto frustrados sus intentos de desactivar una protesta campesina en la región del Catatumbo (noreste), que ha dejado cuatro muertes y mantiene desde hace más de un mes bloqueadas las vías de la zona.

Diversas delegaciones del gobierno, la más reciente de ellas dirigida por el vicepresidente Angelino Garzón, han intentado que los manifestantes levanten el bloqueo de las vías antes de avanzar en una negociación sobre sus reclamos, que comenzaron en protesta por la erradicación de cultivos de coca pero que han avanzado con otras demandas, entre ellas la creación de una reserva campesina.

Los líderes campesinos propusieron abrir las carreteras por algunas horas para permitir la llegada de alimentos y otros productos, pero el gobierno exige el levantamiento total de los bloqueos.

"Lo que nunca, nunca, voy a permitir es que me impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza, por ningún motivo", enfatizó Santos este martes, al hacer un nuevo llamado a poner fin a las manifestaciones.

Las reservas campesinas son una figura legal creada en 1994 y que concede ciertos niveles de autonomía para preservar en algunos territorios la pequeña propiedad de la tierra.

"Yo hago una nueva exhortación a que levanten el paro, porque no hay ningún motivo para continuarlo", insistió el mandatario.

La región del Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander (noreste), es una de las más atrasadas del país y también figura entre las que con mayor crudeza ha sufrido a lo largo de los últimos 40 años el conflicto armado, con presencia de guerrillas de izquierda y grupos paramilitares de derecha.

La zona, rica en biodiversidad y con potencial para la explotación de carbón y petróleo, también es una región importante en el cultivo de la hoja de coca, de la cual Colombia es el primer productor mundial con 64.000 hectáreas sembradas en 2011, según cifras de la ONU.

AFP.