El gobierno colombiano intentaba el lunes desactivar las protestas campesinas en su punto neurálgico de Boyacá (centro), mientras continuaban las manifestaciones en las carreteras y un líder de los labriegos fue detenido por presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC.

Tras una semana de movilizaciones, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, acudieron a reunirse con dirigentes del paro en Tunja, capital del departamento de Boyacá, donde se presenta una de las situaciones más complejas por el bloqueo de vías y choques entre campesinos y policías.

Boyacá y el departamento de Meta (centro-este), donde también hay cortes de rutas, constituyen la despensa de Bogotá, de 7,3 millones de habitantes y donde algunos productos escasean o han subido de precio hasta 200%.

En tanto, este lunes la Fiscalía informó de la detención de uno de los dirigentes de las protestas, Húbert Ballesteros, vicepresidente de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), por supuestos vínculos con las FARC.

Ballesteros fue detenido el domingo en Bogotá y, según la Fiscalía, su captura, por supuestamente buscar financiamiento en el exterior para las FARC, no tiene relación con las manifestaciones campesinas.

Pero Eberto Díaz, dirigente sindical campesino y vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), que organiza la protesta, aseveró que para realizar esa captura "han desempolvado un archivo después de cuatro años en medio de una protesta social para intentar deslegitimarla".

Las FARC, a las que el gobierno ha señalado de infiltrar las manifestaciones, han expresado su apoyo a las protestas campesinas.

Para este lunes, está convocado un cacerolazo de respaldo a los campesinos en todo el país.

Estupiñán ya se había reunido el fin de semana con los líderes de la protesta en Boyacá, sin lograr un acuerdo, aunque una fuente del ministerio dijo a la AFP que "se avanzó mucho".

Pero Díaz reiteró que ésta solo se levantará si el presidente Juan Manuel Santos -que el fin de semana minimizó las protestas- acepta una negociación de carácter nacional.

"El gobierno anda de arriba abajo buscando interlocutores, tratando de forzar mesas regionales. Pero el paro es nacional, el único que no lo quiere ver así es el gobierno. Apenas se inicie la mesa nacional, estamos dispuestos a deponer las protestas", señaló el vocero campesino a la AFP.

Los labriegos reclaman ayudas económicas aduciendo que los precios de venta no compensan los altos costos de producción, por lo que además piden revisar tratados de libre comercio firmados en años recientes, que, sostienen, agravarán la crisis.

Denuncian abusos de la Policía

Asimismo, Díaz dijo que en los enfrentamientos han resultado heridos 200 manifestantes, mientras que otros 250 fueron apresados. Las protestas en las que intervienen unos 200.000 agricultores continúan en 11 de 32 departamentos, agregó.

Diputados departamentales de Boyacá acudieron este lunes ante la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos a denunciar abusos por parte de la policía antidisturbios y la muerte de tres personas en medio de los bloqueos de vías.

"Solicitamos que garanticen los derechos de la población frente al abuso del Esmad (escuadrón antimotines)", afirmó Osman Roa, presidente de la Asamblea legislativa de Boyacá.

Por su parte, la Policía reportó un agente asesinado con arma de fuego y 160 lesionados.

Mientras, el domingo unos 15 indígenas y campesinos resultaron heridos al caer en un campo minado cuando se dirigían a una concentración en el departamento de Cauca (suroeste).

La Oficina de la ONU llamó a la "calma y al diálogo", y manifestó "preocupación" por las muertes, mientras que el defensor del pueblo, Jorge Otálora, refirió "abusos" de la Policía y los agricultores que denunciará ante la Fiscalía.

Videos que muestran presuntas agresiones de la Policía contra manifestantes circulan en redes sociales, por lo que el director de la institución, Rodolfo Palomino, ordenó una investigación.

Piden reforma agraria

Uno de los municipios donde persisten las protestas es Barbosa, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde unos 2.000 campesinos, indígenas y mineros se tomaron un coliseo y montaron un campamento.

"Estamos en este campamento de refugio humanitario para evitar que la fuerza pública o grupos ilegales nos infiltren", declaró a la AFP Melkin Castillo, vocero de la MIA, quien denunció un ataque de la Policía cuando los labriegos se dirigían a Barbosa, con saldo de cinco heridos.

"Pedimos una reforma agraria, creación de zonas de reserva campesina (una figura legal para proteger a los pequeños productores), un código de minas alternativo (para los mineros informales) y la expulsión de las multinacionales", expresó Castillo.

Las protestas son apoyadas por un sector de los transportistas de carga, que pide una rebaja de los precios de los combustibles y asegura tener parados 200.000 vehículos.

AFP.