La protesta social no se puede impedir y lo que se debe hacer es investigar quiénes están detrás de las mismas, señalaron expertos consultados, por lo que los afectados no tienen otro remedio que armarse de paciencia.

En cuando a sí se ha venido aplicando el Código de Policía para enfrentar los bloqueos que se han presentado, como los ocurridos el jueves en Bogotá por los motociclistas, ayer por algunos miembros de la seguridad privada en Transmilenio y las que se tienen previstas para hoy, así como los cierres de vías en otras regiones, manifestaron que lo que existe es un irrespeto a la autoridad y un descontento general.

El general Héctor Darío Castro, presidente del colegio de generales en retiro dijo que el problema no es de aplicar o no aplicar el Código, el fenómeno es que se está desconociendo a la autoridad.

Manifestó que se está generando un desbordamiento de la protesta social, “usted ve inconformismo por todos los lados, están los indígenas, están los propietarios de motos, hay como una intensión de desbordar la protesta social”.

Recalcó que es muy complicado entrar a ejercer un control en todos los sectores que resulte efectivo, y si se suma la propuesta de desarticular el Smad, orienta a que la protesta social se desborde. “Otro ingrediente bien complicado es la falta de reconocimiento de la autoridad, vemos policías a quienes les rompen las motos en la cara del mismo policía, los amenazan con machetes y no pasa nada”, manifestó el general Castro.

Un caos completo

El oficial  pronosticó que si no se remedia la falta de autoridad esto va a generar un caos completo. Concluyó que si las personas no se comprometen en su cumplimiento, el problema permanecerá como una amenaza para la convivencia.

Entre tanto el general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la policía, sostuvo que “esa cantidad de bloqueos que se están presentando con las protestas sociales, que sería muy saludable tratar de buscarles su génesis, porque muchas veces la protesta se presenta con una cara, pero en el fondo tienen otras intenciones”.

Dijo que cuando se organizan esas protestas las personas deben ser identificadas con la finalidad de responsabilizarlos por lo que organizan. “Lo que pasa es que organizan, pero nadie responde y cuando una persona convoca sería muy saludable que analicen por qué convocan y con qué fin, porque cuando los fines se distorsionan debe haber una responsabilidad”, dijo.

Opinó el oficial que “pienso que falta un poco más de cuidado en los movimientos y antes de que se presenten tratar de establecer quienes son los promotores”. 

Por su lado el general José Leonardo Gallego anotó que “lo que se está observando es que existe la tendencia de grupos que no están conformes y de inmediato pasan a manifestarlo de manera expresiva y con ocasiones no por vías pacíficas, sino por vías de hecho. Ciertamente se nota que no han consultado y no ha habido aplicación del Código de Policía, pero las unidades de los uniformados están bien capacitadas e intervienen respetando los derechos de los protestantes”.

Protesta social

A su vez, el representante Germán Navas Talero afirmó que “lo que pasa es que la protesta social no se puede evitar y para evitar eso, se debe es dialogar”.

Por su parte el congresista Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical expresó que el Código de Policía dota de herramientas  a la Fuerza Pública para evitar los bloqueos y las protestas.

Manifestó que “a la policía se le da la herramienta para que pueda actuar cuando hay abusos por parte de las comunidades, lo que pasó por ejemplo en Urabá es que salió mucha gente, lo que pasa en el Cauca es que son muchas las personas que salieron”. 

El representante Carlos Edward Osorio del Partido de La U, quien fue uno de los ponentes del Código de Policía, indicó que “lo cierto del caso es que ha faltado socialización. Pero también falta que los colombianos entiendan que debe ser conocido por todos. El Código Nacional de Policía es un instrumento, es una herramienta del interés de todos, de los 48 millones de colombianos”.

Recalcó también que “creo que el Código nos compete a todos y el mensaje es leerlo, revisarlo, y por supuesto tener tranquilidad, porque los buenos ciudadanos, que son el 99.9 por ciento, no tienen por qué preocuparse. Los que se tienen que preocupar es ese 0.1 por ciento que tiran la basura a la calle, que no recogen los excrementos de sus animales en los parques, o esas parejas que de golpe hacen sus actos sexuales en la calle, o el señor que orina en la calle, son ellos los que se deben preocupar, los ciudadanos de bien que sin leer el Código saben qué está bien y qué está mal”.

Sobre el tema el exconcejal de Bogotá, Germán García, del Partido Liberal, señaló que “hay un completo desconocimiento de la normatividad, y además debo decir que se les fue la mano, hay protestas que deben viabilizarse bien, con permisos, hay que pedir las autorizaciones. Pero hoy la gente se está tomando por las vías de hecho el país, hay irrespeto a la policía, vimos lo del Cauca, hay una crisis institucional y por eso hay un irrespeto hacia las autoridades y hacia el Código de Policía”.

En este mismo sentido, el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático sostuvo que “creo que el gobierno no tiene una política de seguridad, la ha abandonado totalmente y por eso le salen conflictos por todas partes, con expresiones muy diferentes, dependiendo de las regiones: en el caso de Bogotá el tema es la seguridad ciudadana, en el caso del Cauca son los indígenas, el caso de Urabá son los problemas de movilidad y los peajes, pero eso se debe a que no existe presencia de la autoridad a lo largo y ancho del país”.  

Afirmó que el Código de Policía no es el instrumento que defina la tranquilidad, o la intranquilidad pública, “tienen que ver con los temas de convivencia, pero la problemática actual de seguridad transciende el Código de Policía”.

Por su lado el representante Telesforo Pedraza dijo que “lo que no está garantizado en la Constitución es la violencia, la gente se desborda y lo que pasa es que muchas veces entran perturbadores a las protestas y se cometen aberraciones contra los miembros de la fuerza pública”.