Wilson Borja, sobreviviente de un atentado atribuido a paramilitares, nunca dejó de temer por su vida. Convive con eso igual que con guardaespaldas, como los 7.500 compatriotas amenazados por el conflicto armado que el gobierno custodia a un costo de 600.000 dólares diarios.

"Ya me acostumbré a controlarlo, porque uno no deja de tener miedo", dice a la AFP este militante de izquierda de 62 años, mientras acomoda su pierna derecha, rígida por una estructura de metal que busca corregir los 10 cm de hueso perdidos por una bala aquel aciago 15 de diciembre de 2000.

El otrora sindicalista y congresista es una de las víctimas del conflicto armado más antiguo de América Latina, que en más de medio siglo ha involucrado a guerrillas comunistas, paramilitares de ultraderecha, agentes del Estado y bandas criminales y dejado un saldo oficial de 220.000 muertos.

"No tengo seguridad por moda o estatus. Me gustaría andar libremente por ahí. Pero es mi vida. Con la confrontación que hay en este país cualquier loco me mata", afirma Borja, que tiene asignados 13 escoltas y dos vehículos, uno blindado.

Su dispositivo de seguridad es de los más grandes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad gubernamental creada en 2011 para velar por la integridad de personas en peligro por sus actividades políticas, sociales o humanitarias, misión que el Estado colombiano cumplía desde los años 1960 a través del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Una comisión de la UNP evalúa el riesgo de todos los que soliciten protección: defensores de derechos humanos, sindicalistas, políticos, líderes de grupos étnicos, periodistas, dirigentes de grupos armados desmovilizados o docentes.

Para cumplir su función cuenta con detectives, expertos en balística, antiexplosivos e investigación criminal, además de escoltas de empresas privadas. 

- Un 90% menos en 10 años - 

Una soleada mañana oficiales de la UNP se entrenan en un polígono de tiro cerca de Bogotá. "En caso de un ataque, se busca reducir, no eliminar", explica a la AFP uno de los agentes. "No somos un grupo de choque, sino de reacción", agrega a condición de anonimato.

Una de las pocas mujeres entre los escoltas describe su tarea: "Es como tener un hijo pequeño. Hay que estar siempre pendiente". Y aconseja: "Nunca es bueno el exceso de confianza con el custodiado".

A muchos les ha tocado incluso acompañar al baño a su protegido. Pero lo peor, coinciden todos, son las multitudes.

No todos los custodiados por la UNP tienen el dispositivo de seguridad de Borja. La mayoría, como los 4.200 concejales predominantemente de zonas rurales, recibe un esquema básico, sin escoltas ni vehículos.

"Hay que hacer el mejor esfuerzo y dar medios de protección, pero no podemos garantizar que no maten a nadie", admite Andrés Villamizar, director de la UNP, en entrevista con la AFP.

Sin embargo, es consciente de los abusos a los que se puede prestar el sistema, como el desvío de fondos para fines distintos a la protección o incluso el uso de escoltas para cargar las bolsas del supermercado o pagar cuentas.

Optimista por la baja de solicitudes de protección en los últimos años, Villamizar está convencido de que la función de la UNP se puede reducir más de un 90% en unos 10 años, con la mejora de la seguridad en Colombia, país inmerso desde hace dos años en un proceso de paz para poner fin al conflicto.

"Creo que es viable. Colombia es un país completamente distinto a lo que era hace 20 años", asegura este economista, hijo del zar antisecuestro Alberto Villamizar y de Maruja Pachón, la rehén del narcotraficante Pablo Escobar cuya historia narró Gabriel García Márquez en "Noticia de un secuestro".

Villamizar, sobrino político del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en un mitin en 1989 tras cambios de último momento de sus guardespaldas del DAS, sueña con "un país donde no sea necesario proteger a nadie por ser sindicalista o defensor de derechos humanos". 

"Si Colombia alcanza una situación de normalidad, si se firma la paz con las guerrillas, se desmontan las bandas criminales y los aparatos del narcotráfico, pues la UNP protegería como mucho a 100 personas, pero no a 7.500", predice.