El artículo incluido en la ley de orden público que busca ‘blindar’ a los ex comisionados de paz de procesos disciplinarios, generó diversas reacciones.

Luis Carlos Restrepo, quien sería uno de los favorecidos, pidió retirar el parágrafo, en una carta que envió al expresidente y senador Álvaro Uribe.

“No quiero que se diga ahora que pretendo beneficios indebidos. Jamás los he buscado ni los buscaré. En mi caso, sólo he pedido que cese la persecución en mi contra y que brille la justicia”, precisa en su misiva Restrepo, quien es procesado por la falsa desmovilización del frente Cacica Gaitana de las Farc, ocurrida en el 2006 en el Tolima.

Sobre este tema la senadora Paloma Valencia aseguró que se debe mantener el artículo que protege a los ex comisionados de Paz. “Creo que en el tema penal y disciplinario se debe mantener  la protección de los negociadores”.

Señala la Congresista que “los negociadores no pueden terminar en la cárcel por hacer unos acercamientos por orden de un gobierno”.

El excomisionado Restrepo señala que “para que no quede duda al respecto, solicito al Centro Democrático apoyar en la conciliación pendiente entre Senado y Cámara la exclusión del mencionado parágrafo”. 

Restrepo dice que se “ha dicho además que dicha norma permitiría a personas investigadas por parapolítica eludir sus responsabilidades. Si existen temores sobre un uso indebido de lo aprobado en el Congreso por parte de estos sujetos procesales, sugiero eliminar no sólo el parágrafo sino el artículo en su totalidad, pues nada se logra excluyendo la aclaración procedimental, mientras se conserva el enunciado sustantivo que concede inmunidad penal y disciplinaria que podría ser invocada por ellos”.

A su vez, la legisladora del Centro Democrático indicó, además que “creo que se debe mantener la inmunidad penal, pero permitir la investigación disciplinaria”.

Recalcó que el artículo en lo penal no modifica nada, pero señala que a ella personalmente le preocupa que se eliminen las sanciones disciplinarias. “No pueden existir funciones públicas que no tengan algún tipo de legalidad, eso significa que no hay quien controle las conductas de los negociadores”.

Restrepo concluyo que no cree que “exista objeción de parte de los actuales negociadores gubernamentales en La Habana para prescindir de este artículo, de tal manera que sus actuaciones sean investigadas de manera exhaustiva por autoridades judiciales y disciplinarias, como ha sucedido en mi caso”.

Por su lado la senadora Valencia dijo que “el parágrafo no cambia nada en materia penal”.