Un grupo de 12 víctimas del conflicto en Colombia pidió el jueves al presidente Juan Manuel Santos "protección debida" y que investigue las amenazas que reciben tras viajar a Cuba para dar su testimonio ante delegados de la guerrilla comunista de las FARC y del gobierno.

"Rechazamos las amenazas y estigmatización que han sufrido las víctimas participantes de estos diálogos, así como otras víctimas, activistas, defensores de derechos humanos y en general defensores de la paz", dijeron en un comunicado las 12 víctimas que participaron en la sesión.

Asimismo, "pedimos a las autoridades nacionales la protección debida e inmediata investigación de estos hechos", añadió el texto, leído a la prensa por Camilo Umaña, hijo de Eduardo Umaña, defensor de derechos humanos y abogado de la formación Unión Patriótica, asesinato por paramilitares en 1998.

Las víctimas dijeron que llegaron a la isla con "la convicción (...) de apoyar sin vacilaciones el proceso de paz", y "a exigirles (a las FARC y al gobierno) una paz con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

Entre ellos había víctimas de la guerrilla, de agentes del Estado (militares y policías), de las FARC y de paramilitares de derecha.

Constan figuras reconocidas como los exsecuestrados por las FARC Alan Jara y el general retirado Luis Mendieta, además de la excandidata presidencial de izquierda Aída Avella, que padeció atentados de agentes del Estado y de paramilitares.

"Desde nuestra heterogeneidad convergemos en la apuesta por un país sin guerra, donde no haya más muertes como un imperativo inmediato" de las conversaciones de paz que el gobierno y la guerrilla adelantan en la isla desde noviembre de 2012.

"En ese sentido, instamos a las partes a perseguir hasta que se llegue a los acuerdos necesarios para este propósito, superando todas las dificultades que puedan surgir en la búsqueda del fin del conflicto armado", apuntaron.

Este fue el tercer grupo de víctimas que viajó a la isla para testimoniar. El primero lo hizo el 16 de agosto y el segundo el 10 de septiembre.

Según la ONU, tres de los 24 afectados que asistieron a las negociaciones de La Habana hasta la sesión de este jueves recibieron amenazas de muerte, y otras siete víctimas han sido blanco de ataques en las redes sociales.

Por su parte, la Conferencia Episcopal, el Centro de Pensamiento y Seguimiento de los diálogos de paz de la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, que seleccionaron y llevaron a las víctimas a La Habana, valoraron "la disposición de las delegaciones del gobierno y de las FARC de reconocer la responsabilidad por el dolor causado en el conflicto y las violaciones a los derechos humanos (...) por acción y/u omisión".