No deja de ser paradójico que, exactamente, cuatro meses después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en donde la dictadura venezolana le birló el triunfo al candidato de la oposición Edmundo González, el régimen volvió a dar un paso más en su intención macabra de anular todo foco de protesta política y ciudadana.

La asamblea, dominada por el régimen de Nicolás Maduro, aprobó ayer una ley que busca castigar con cárcel a todo aquel que apoye las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto a la dictadura por perseguir a la oposición, no reconocer el triunfo electoral de González y propiciar un aparato de terror que incurre de manera sistemática en delitos de lesa humanidad.

No tiene coherencia jurídica alguna la norma que establece una pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas” contra el régimen. La misma condena se impondrá a quienes participen o financien “acciones armadas o de fuerza” contra las autoridades chavistas.

Un tema que resulta paradójico es que esta polémica iniciativa, denominada “Ley Libertador Simón Bolívar” parece ser una respuesta de la dictadura a un proyecto de ley aprobado días atrás por la Cámara de Representantes de Estados Unidos endureciendo las sanciones contra el régimen Maduro. La iniciativa, que pasó al Senado, se denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (Bolívar, por sus siglas en inglés).

Aunque la dictadura chavista no conoce límites, esta nueva ley es un desafío a la comunidad internacional y dispara aún más las alertas por una oposición arrinconada, sobre todo por líderes como María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad para evitar ser capturada o incluso eliminada físicamente por la tiranía.