Plenaria  dea Cámara debe retomar hoy la discusión del artículo 10 del proyecto de reforma política que abre la puerta para que dos o más colectividades -grandes, medianas o pequeñas- puedan hacer listas conjuntas a Senado y Cámara en marzo próximo. 

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La posibilidad de que en Colombia los partidos y movimientos políticos puedan hacer coaliciones que les permitan presentar listas conjuntas para el Senado y la Cámara es, sin duda, uno de los elementos más determinantes del proyecto de reforma electoral que se está tramitando en el Congreso bajo la modalidad del ‘fast track’.

No se trata, incluso, de una norma nueva, toda vez que en la llamada reforma de “equilibrio de poderes” que se aprobó en el Parlamento en 2015 y de la cual la Corte Constitucional tumbó gran parte, especialmente lo relativo a las modificaciones al sistema judicial, ya existía una autorización  para esta clase de coaliciones.

Hoy el artículo 263 de la Constitución dice taxativamente que “… la ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”.

Como dicha norma no se reglamentó, entonces el Gobierno decidió incluir el tema en el proyecto de reforma política y electoral que, se supone, está desarrollando lo pactado en el punto 2 del acuerdo de paz de La Habana, en relación a la apertura y participación política.

Inicialmente la idea del Ejecutivo era que dichas listas suprapartidistas al Congreso quedaran limitadas a los partidos y movimientos pequeños, pero es claro que las mayorías parlamentarias quieren que la posibilidad de estas alianzas quede abierta para todas las colectividades.

Incluso, en la agitada sesión del miércoles pasado, en la plenaria de la Cámara, se llegó a hundir el artículo sobre las coaliciones para listas al Congreso pero se logró un acuerdo para revivir su discusión. Sin embargo, cuando ya se estaba sometiendo a votación de nuevo, se evidenció que no había quorum decisorio y el presidente de la corporación, Rodrigo Lara, levantó la sesión para evitar un nuevo revés, citando de nuevo para hoy.

¿A quién beneficia?

Es claro que si el Congreso llega a aprobar las listas de coalición para Senado y Cámara los partidos más beneficiados serían los mayoritarios. Por ejemplo, encabezado por los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti hay un sector de La U que ya les planteó a los liberales la posibilidad de unirse para lanzar una sola lista al Senado. Una alianza así podría llevar a que ambas colectividades pudieran tratar de conservar las 35 curules que tienen hoy -sumadas- en el Senado. Esos escaños están en peligro porque La U no tiene candidato presidencial propio, afronta la deserción de varios de sus principales alfiles parlamentarios a otras campañas presidenciales (especialmente hacia Germán Vargas Lleras y Cambio Radical) e incluso ya perdió tres escaños por escándalos de parapolítica, Odebrecht y el ‘cartel de la toga’. Los liberales, a su turno, tienen en peligro una curul por el mismo escándalo en la Corte Suprema así como tres escaños más en vilo porque a sus titulares se les puso peros para integrar la baraja de precandidatos presidenciales.

Igual se ha hablado de una posible lista única al Congreso entre partidos de la centro-derecha y la derecha. Por ejemplo, se ha especulado sobre una alianza entre el Partido Conservador con Cambio Radical, o de este último con el Centro Democrático, toda vez que esas tres colectividades –sumadas- tienen hoy casi la mitad de los senadores y coinciden en la urgencia de ajustar el acuerdo de paz con las Farc.

También está el caso, por ejemplo, de la lista de coalición al Congreso que quieren impulsar el Polo, Alianza Verde y Compromiso Ciudadano, en el marco de la alianza entre los candidatos presidenciales Jorge Enrique Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo.

Así las cosas, bien podría decirse que las listas de coalición partidista al Congreso se podrían convertir en las ‘cuotas iniciales’ de las coaliciones y alianzas de cara a la contienda presidencial, ya sea con miras a consultas interpartidistas para escoger candidato único (a realizarse el mismo día de las parlamentarias) o incluso para allanar acuerdos políticos e ir directo a la primera vuelta por la Casa de Nariño en mayo de 2018.

Ojo al umbral

También es evidente que en vista de que fracasaron los intentos por abrirle paso a una nueva amnistía al transfuguismo político, más de una colectividad, congresista o candidato a serlo ve en la autorización de las coaliciones para impulsar listas al Congreso una oportunidad de acomodarse política y electoralmente, incluso en las candidaturas presidenciales de su preferencia.

Para los partidos pequeños, no sólo aquellos con pocas curules en el Congreso, sino también los candidatos presidenciales por firmas que quieren lanzar aspirantes a Senado y Cámara, la opción de las planchas legislativas de coalición es conveniente. De un lado porque les permite, al sumar candidatos de dos o más partidos o movimientos, asegurar la posibilidad de superar el umbral mínimo electoral (necesario para entrar en la repartición de curules) y que para el caso del Senado estará por encima de los 400 mil votos en los comicios parlamentarios de marzo próximo.

Los peros

Los críticos de las listas de coalición partidista al Congreso advierten tres clases de peros. El primero, que estas alianzas difumina aún más las ya de por sí tenues líneas de diferenciación política, ideológica y programática entre las colectividades en nuestro país. Señalan que es evidente que la mayoría de estas coaliciones para impulsar listas se basarían más en la mecánica y la calculadora electoral, que en una plataforma de acción política creíble y con vocación de largo plazo.

En segundo lugar, es obvio que si esta clase de alianzas se les permiten a los partidos más grandes, se podría dar lugar a gobiernos con mayorías imperantes en el Congreso que arrasen a las minorías y la oposición en todos los campos, desde la aprobación de la agenda legislativa, los debates de control político, las mociones de censura, la rotación de las mesas directivas y hasta en las funciones judiciales a cargo de la Cámara y el Senado. De esta forma, los candidatos de opinión y las nuevas alternativas políticas se ahogarían frente a la fuerza de los clanes políticos tradicionales y su reciclaje familiar permanente.

Y, por último, está el hecho de que en la práctica se complicaría no sólo el control a la financiación de las campañas (ya de por sí difícil hoy con listas unipartidistas), sino también la definición de la misma reposición de votos. Y, como si fuera poco, la aplicación de la Ley de Bancadas se complicaría de forma sustancial por la dificultad de imponer disciplina ya no a los integrantes de una sola colectividad, sino de dos o más.

Como se ve, este tema de las listas para Congreso (y por extensión para asambleas departamentales y concejos municipales) integradas por candidatos de dos o más partidos, tiene tantas ventajas como desventajas, según la orilla desde que se mire o la coyuntura electoral o política en que se encuentre determinado candidato o colectividad.

Por el momento habrá que esperar qué decisión toma la Cámara y luego si el Senado le da vía libre a esta posibilidad.

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