En los próximos días, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía presentarán una propuesta para el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales y asociaciones ilícitas. A sus integrantes se les ofrecería los beneficios que hoy están establecidos en la ley, como el principio de oportunidad, y se descarta que sean cobijados por la justicia transicional.

Así lo señaló ayer en Medellín el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que en la actualidad está por encima de 3.500 la cifra de personas que integran bandas criminales, frente a lo cual dijo que el Estado se encuentra en la obligación de buscar alternativas para la desarticulación de las bandas criminales.

Por eso, Montealegre dijo que en los próximos días presentará junto con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, una propuesta para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales y las  asociaciones ilícitas, que por este hecho podrían hacerse acreedores de los beneficios hoy establecidos por la normatividad penal, haciendo menos gravosas las condenas a que sean sometidos sus integrantes.

En ese sentido, la cabeza del ente acusador dijo que mecanismos como el principio de oportunidad, preacuerdos, beneficios de colaboración, hacen parte del escenario que el Estado le ofrecería a los integrantes de las bandas criminales para que decidan someterse a la justicia.

"A los miembros de las Bacrim hay que aplicarles todo el rigor de ley pero pueden existir ciertas concesiones en el marco de una política de sometimiento", explicó  el Fiscal General de la Nación.

Posconflicto

La iniciativa del fiscal General, Eduardo Montealegre, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, también está pensando desde ya en el posconflicto, pues el primero dijo que es posible que un número importante de los eventuales desmovilizados de las Farc no sigan la ruta de reinserción social que les ofrece el Estado sino que prefieran unirse a las bandas criminales.

En ese sentido dijo que a la cifra de cerca de 3.500 personas que actualmente integran las bandas criminales, se le podría sumar entre un 15 y 20 por ciento de los desmovilizados en el marco de un proceso de justicia transicional en Colombia que se sumarían al delito común, como así lo documenta experiencias que se han presentado en otros países.

Por lo que Montealegre consideró que en la etapa de posconflicto podrían integrar las bandas criminales cerca de 5 mil personas. De ahí la importancia de pensar desde ya en desarticular estas organizaciones delincuenciales.

Sin embargo, Montealegre puso de relieve que los integrantes de las bandas criminales no se verán beneficiados de la justicia transicional puesto que no son actores del conflicto.

"Yo creo que el Estado tiene que pensar en alternativas para ellos, pero las alternativas no son las justicia transicional sino mecanismo de sometimiento a la justicia", dijo.

Durante el primer mandato del presidente Santos un grupo de narcotraficantes buscaron acercamientos con el Gobierno nacional para presentar una propuesta de sometimiento a la justicia a cambio de beneficios en materia penal. Ofrecían además entregar información sobre rutas del narcotráfico.

La revelación en este sentido la hizo Javier Antonio Calle Serna, alias ‘Comba’, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico, quien dijo además que le entregaron 12 millones de dólares al asesor político venezolano J.J. Rendón para que hiciera llegar esta iniciativa al Gobierno.

Efectivamente, la propuesta llegó a manos del Gobierno, aunque Rendón negó haber recibido dinero por esta gestión. La entonces fiscal Viviane Morales dijo hace poco que efectivamente recibió un documento en ese sentido. “Se les dio el marco jurídico para este sometimiento, sin ningún principio de oportunidad, ni grandes beneficios. Si se sometían tendrían una pena mínima de 20 años pero no iba a haber privilegios para ellos”.

También está el antecedente que para la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno Uribe se buscó darles el  tratamiento de sediciosos, lo que implicaría que sus delitos fueran considerados como políticos, por lo que calificarían para aplicarles justicia transicional.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cerró la puerta a esta posibilidad al determinar que los delitos comunes no pueden considerarse como delitos políticos.