Para algunos ha sido sorpresiva y para otros polémica la disposición que contiene un proyecto de ley que presentó el Gobierno nacional para hacer más expeditos los procesos penales por delitos considerados menores, como el robo de celulares, la cual establece que las personas afectadas pueden tomar parte activa en su proceso investigando y acusando, a través de sus abogados, convirtiéndose así en una especie de fiscales bajo la figura del acusador privado.

En realidad lo que está haciendo el Gobierno por medio de esta iniciativa que radicó el pasado martes en el Congreso de la República el ministro de Justicia, Yesid Reyes, es reglamentar esta disposición ya prevista en el Acto Legislativo 06 de 2011 (corregido por el Decreto 379 de 2012), el cual señala: “Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente".

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo busca que en menos de 6 meses puedan resolverse los procedimientos penales para delitos como el hurto de celulares, las lesiones personales, la injuria, la calumnia, el abuso de confianza y la estafa por cuantías inferiores a 150 salarios mínimos.

Esta legislación cobijaría las conductas clasificadas como de menor lesividad social  y pretende acortar en la mitad del tiempo los procesos judiciales que se surten para juzgar a los responsables de estas conductas.

La iniciativa prevé que los afectados por estos delitos puedan tomar parte activa en su proceso (investigando y acusando) a través de sus abogados, convirtiéndose así en una especie de fiscales. Antes de que el fiscal presente una acusación por el hecho, el abogado de la víctima podrá solicitar la conversión de la acción penal para actuar como acusador privado. Es  discrecionalidad de la Fiscalía aceptar o no esta petición.

“Se le podrá pedir a la Fiscalía hacerse cargo de la acción penal y la Fiscalía eventualmente puede permitirle que, a través, de un acusador privado lleve a cabo la investigación y la acusación”, explicó el ministro Reyes.

Explicó que “esos procesos han congestionado la justicia. Duran tres o cuatro años o más y eso genera una sensación de impunidad en la ciudadanía y por eso hay que intentar agilizar esos procesos para que la gente vea que los autores de esos delitos responden por ellos en un tiempo relativamente corto”.

Sin embargo, el exministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, indicó que en la práctica la medida presenta varios inconvenientes en aspectos como la recopilación de las pruebas porque “si el Estado no es capaz de conseguir la prueba, el ciudadano común y corriente va a tener muchas más dificultades”.

Añadió que “eso es entregarle  al ciudadano la incapacidad del Estado para investigar y para reprimir el delito”.