No dejar por fuera a los no combatientes de un proceso de justicia transicional en una eventual firma de la paz con la guerrilla de las Farc, fue la propuesta del expresidente César Gaviria, que tal y como lo registró EL NUEVO SIGLO, fue recibida en muchos sectores con beneplácito.

Para el exjefe de Estado “hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la Fuerza Pública tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”.

En opinión del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, “no es una propuesta nueva, ya la habíamos escuchado de muchos columnistas y comentaristas pidiendo que los beneficios se hagan extensivos a todos los actores del conflicto. Lo que bien dice el expresidente Gaviria es que la ley orgánica para la paz, esta ley que se aprobó, se quedó corta y entonces en ese sentido habría que complementarla”.

Sin embargo, la proposición es viable siempre y cuando no incluya delitos de lesa humanidad. “Lo que yo le digo es que eso se puede siempre y cuando no se trate de delitos de lesa humanidad porque si se trata de delitos de lesa humanidad, no es posible perdón y olvido para ninguno de los actores, ni para las Farc ni para los civiles ni para el Ejército”.

En la misma línea opinó el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba, quien agregó que “un proceso de paz tiene que apuntar a los actores del conflicto, institucionales e ilegales, pero la realidad es que la dinámica de nuestro conflicto en Colombia ha involucrado a otro tipo de personas, que son los que se denominan no combatientes directos, que son los que han auspiciado o patrocinado fundamentalmente grupos ilegales particularmente, los grupos paramilitares”.

En ese sentido, comentó Córdoba, la propuesta del expresidente Gaviria es válida siempre  y cuando se cumpla la condición ineludible para aplicar la fórmula de la justicia transicional. “Esa fórmula es que absolutamente todos, quienes cometieron o patrocinaron delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra, al menos sean declarados penalmente responsables, lo cual no significa que necesariamente deba haber una consecuencia punitiva, es decir, una consecuencia de cárcel”, dijo el expresidente de la Corte.

Córdoba agregó que “creo que es necesario que quienes hayan recibido esos delitos sí por lo menos sean declarados penalmente responsables, no solo por guardar los derechos a la verdad de las víctimas, sino también como expresión del derecho a la justicia”.

De otro lado, el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor,  dijo que “yo creo que el proceso de paz que se está desarrollando en el país implica necesariamente tener que mirar hacia varios sectores implicados”.

Continuó diciendo que “valdría la pena, como dice el expresidente Gaviria, que se rodee de todas las garantías a todas las personas indicadas sobre una base: la justicia transicional es de justicia de paz y reconciliación y la base de todo ese proceso es decir la verdad. Si se quiere hacer parte de ese proceso de justicia transicional el escenario natural es que nos digamos la verdad”.

Torres Corredor agregó que “la verdad es la base para que se incorporen los agentes sociales, llámese empresariales, políticos, militares, combatientes y no combatientes, para que se diga al país, para que nosotros los ciudadanos conozcamos esto y al pie de la verdad”.

Los peros

Para el director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes y exviceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Benavides, en diálogo con este diario, el problema radica en lo que se entiende por justicia transicional.

Según él, la justicia transicional “es un campo de estudios y campo de prácticas que tiene tres ejes sobre los cuales se mueve: un eje es el de la verdad, otro es el de la reparación y otro es el de la justicia”.

“Entonces siempre la pregunta en estos campos es: ¿cuánta justicia puedo sacrificar a cambio de verdad? Pero nunca la pregunta es ¿sacrifico toda la justicia y a cambio entrego verdad? Esto significa que quienes quieran meterse en un proceso de justicia transicional tienen que partir de la base del reconocimiento, del aporte a la verdad y el aporte a la reparación. Solo entonces uno puede empezar a preguntar si es posible ceder algo de justicia”.

Una vez aclarado ese concepto, Benavides expresó que “yo creo que la propuesta del expresidente Gaviria es una propuesta que parece interesante pero tiene en mi opinión dos fallas: la primera, no nos define qué entiende él por justicia transicional, parecen más sobre todo opiniones tiradas al vuelo; y segundo, él parece y aquí parece que lo ha entendido, quienes han comentado la propuestas, parece que entienden que a cambio de la aceptación de los militares en el proceso de paz, les damos impunidad, y yo creo que eso es jurídicamente imposible y moralmente reprobable”.

Militares

Dentro de lo dicho por el expresidente Gaviria, también se habla de blindar a los militares en un proceso transicional. “También se corre un altísimo riesgo de que en el futuro los propios miembros de la Fuerza Pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación”.

Este punto fue bien recibido por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien dijo que “me parece razonable y de la mayor importancia que se entienda para avanzar en estos temas. Es necesario que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que hayan tenido problemas en el marco del conflicto tengan soluciones definitivas”.

Sobre este punto, el profesor Benavides expresó  “básicamente qué es lo que ha pasado en los procesos anteriores donde ha habido impunidad, en los procesos como el de Argentina, como el de Perú, como el de Uruguay, lo que se ha dado es que los regímenes salientes aseguran impunidad para sus miembros y esperan que eso se respete a cambio de dejar el poder”.

En ese sentido, “en algunos procesos de tránsito de conflicto a posconflicto como el de El Salvador, las partes han acordado una impunidad mutua, entonces son dos cosas diferentes, una es el tránsito de dictadura a democracia y otra es el conflicto a posconflicto, pero en los dos lo que encontramos son aseguramientos de impunidad, lo que se ha visto en los primeros es que en la sociedad civil ha empezado a reclamar justicia, y ¿cuál es el riesgo de eso? Que la justicia que se reclama después de 20 años, que es la que se está reclamando en estos países es una justicia que se reclama por fuera de un proceso de justicia transicional y por tanto es una justicia muy dura”.

“En los casos de conflicto a posconflicto lo que tenemos es esa renuncia mutua a perseguirse, pero luego las comunidades quedan un poco con esa sensación de injusticia y empiezan a darse fenómenos como el de Guatemala de los linchamientos, en donde la comunidad pierde fe en las autoridades e instituciones y toma la justicia por sus propias manos”, manifestó el docente de los Andes.

Concluyó diciendo que “por los dos lados la propuesta es peligrosa porque o deja a los militares desprotegidos hacia futuro, porque en todo caso el derecho internacional exige que se haga justicia; o genera nuevas fuentes de violencia. Entonces yo sí creo que  tiene que haber una dosis de justicia, no solo por el derecho penal internacional, sino porque una paz sin justicia no es una paz duradera”.