El magistrado aceptó que parte del presupuesto que se destina a la justicia no está siendo bien ejecutado por la Rama

UNIFICAR LOS dos proyectos de reforma a la justicia, el radicado por el Gobierno y el que presentó el Consejo de Estado, propuso el vicepresidente de ese alto Tribunal, Gustavo Gómez Aranguren, durante el XVII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que se lleva a cabo en Manizales.

La propuesta se la hizo el consejero de Estado al ministro del Interior Germán Vargas Lleras. “Yo personalmente, de forma privada hablé con el ministro Vargas Lleras, señalándole que la idea nuestra es básicamente avanzar hacia un proyecto único de reforma a la justicia. Me parece importante (…) nuestra intención es básicamente que el Gobierno nos entienda en asuntos que tiene su reforma, que son graves para el país, pero no para el Consejo de Estado”, afirmó.

Entre los aspectos que el magistrado Gómez Aranguren consideró serios, está quitarle la función nominadora de funcionarios públicos como el Procurador y Contralor General a las altas cortes. “El proyecto del Gobierno tiene un problema serio y es dejar en la clase política la elección del Procurador, quien tiene el encargo de vigilar el funcionamiento de la administración pública y de los servidores públicos, eso es muy delicado, y lo mismo pasa con las finanzas públicas. Si le ponemos interés partidista a eso, dañamos el funcionamiento de lo que viene operando bien, y las altas cortes son finalmente una garantía para el país”, señaló.

 El vicepresidente del máximo tribunal de lo contencioso administrativo se mostró de acuerdo con lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos durante la instalación del encuentro judicial, de que no debería establecerse un tope mínimo porcentual del presupuesto que el Gobierno debe fijar a la Rama Judicial.

“Se ha querido reducir el problema de justicia a un aspecto puramente presupuestal. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta el componente presupuestal pero no quedarse ahí. La Rama Judicial no le pide al Gobierno, porque éste y la Rama son ramas del poder público, y no se trata de un fenómeno paternalista. Yo quisiera que saliéramos de la visión de un cinco por ciento del PIB. El término de los poderes en un Estado democrático como éste, no hay que verlo en el sentido paternalista, que nosotros vamos donde el papá presidente y le pedimos cosas, porque el presidente es un funcionario público que tiene una investidura muy importante porque representa la Nación y maneja todo el componente político para que funcione”, aseguró el magistrado.

En cuanto a la aseveración que hizo el Jefe de Estado de que el presupuesto de la justicia no estaba siendo bien ejecutado por la Rama, Gómez Aranguren reconoció que es una falla que se presenta, pero que es responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.

“Es una falla que debemos revisar, y ahí se está precisando cuál es la razón del por qué hay que mejorar el modelo de justicia. Hemos experimentado dificultades, y no se entendería por qué el Consejo de Estado propone una reforma sustancial en el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, que básicamente, desde el punto de vista estructural, es el área de la Rama judicial que se encarga de manejar la parte remuneratoria de los servidores de la justicia, prestarles seguridad y velar fundamentalmente por construir en el seno de la sociedad civil un concepto de juez”, explicó.

Sobre esta misma Corporación, el consejero de Estado dijo que los problemas de la justicia politizada provienen de su Sala Disciplinaria. “Los problemas de la justicia como politización, vienen por la forma como se designa los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Disciplinaria”, enfatizó.