Un ‘revolcón’ al sistema de las estadísticas en el país, que tiene bajo su cargo el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), busca el proyecto de ley 208 de 2013 que comenzará su trámite en el Congreso.

La iniciativa, presentada por el senador Camilo Sánchez y el representante a la Cámara Simón Gaviria, pretende dar mayores herramientas a la entidad para resolver las falencias que se vienen presentando en esta materia.

El principal punto de la iniciativa contempla que un solo ente, el Sistema Estadístico Nacional (SEN) “coordine la producción estadística del país a través de sus tres ejes centrales: planificación, regulación y calidad estadística”.

“Se establecen jurídicamente el SEN y se formalizan las reglas de juego mínimas para el efectivo funcionamiento y operacionalidad del mismo”, dice la iniciativa.

La reorganización plantea el ajuste de los instrumentos existentes “desarrollando herramientas que contribuyan a ello”.

Los beneficios

De acuerdo con los proponentes, la Ley sentaría las reglas de juego y las obligaciones para todos los actores involucrados en la producción estadísticas del país, según la estructura del Estado y no solo respecto del Ejecutivo.

El articulado pone a tono los censos poblacionales con los estándares internacionales, al tiempo protege mejor las bases de datos,

“Se garantiza la periodicidad para la elaboración de los censos de población, vivienda y agropecuario, teniendo en cuenta los requerimientos internacionales y nacionales. Eliminando que estén  supeditados a la voluntad política del momento y a la incertidumbre presupuestal”.

También se “amplía el espectro de protección de la reserva de los datos de las fuentes a personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso”.

“Se definen criterios para la publicación de los resultados y la documentación de las estadísticas oficiales, de tal forma que los usuarios y la ciudadanía  tengan garantías de acceso a ellos, evitando asimetrías de información con divulgación previa e interesada”.

Mala calidad

En la exposición de motivos se indica los regazos generados por la actual política de estadísticas del país que data de hace 18 años.

En este sentido señalan que “existe una brecha entre las estadísticas producidas y las requeridas”, al tiempo que “hay una falta de conocimiento de la demanda real” de esta.

El estudio también revela que “existe la duplicidad de esfuerzos en la producción estadística y en los recursos que se utilizan (operaciones que tienen el mismo fin y son generadas por más de un productor).

Otra de las fallas señaladas son la “discontinuidad y fragilidad en el desarrollo de las estadísticas con horizontes de muy corto plazo, generalmente asociados a los periodos del gobierno”.

Según el proyecto, “la información Estadística Nacional no cumple con los requisitos de calidad, relevancia, exactitud, credibilidad, oportunidad, puntualidad, accesibilidad y coherencia”.

Ley 79 desactualizada

El proyecto de ley cuestiona la funcionalidad de la Ley 79  DE 1993 que regula la realización de los censos de población y vivienda al decir que “esta norma genera restricciones para la entidad debido a que la categoría de la normatividad no tiene rango de ley, lo que hace que la entidad esté sujeta al querer de las políticas de turno, debilitando la labor estadística del país”.

Adicionalmente se indica que “esto limita la capacidad legal de la entidad para actuar efectivamente en temas de regulación y coordinación de la actividad oficial, y solo obligan a las entidades que componen el órgano ejecutivo”.