La iniciativa radicada por el senador Juan Manuel Corzo se debe a “que las cárceles del país no cumplen los requisitos mínimos para las personas privadas de la libertad”.

"Las condiciones de detención imposibilitan que los y las interna tengan un mínimo vital, como lo exigen los estándares internacionales", señaló el Corzo en el marco de la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El expresidente del Senado sostuvo que el hacinamiento, las condiciones higiénicas y la falta de agua potable, "representa un riesgo contra la vida de los internos, como un estado permanente de tortura".