Que la detención domiciliaria no supere un año y que se brinde mayor protección a las madres gestantes privadas de la libertad  fueron dos de las 20 proposiciones incluidas en el proyecto de ley del Código Penitenciario que fue aprobado ayer en la Comisión Primera.

Las iniciativas fueron presentadas por el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, quien adicionalmente dijo que los sitios de reclusión de los miembros de la Fuerza Pública deben estar a cargo del Sistema  Nacional Penitenciario.

A pesar que el vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo reiteró sus críticas a la iniciativa en el sentido que no solucionan los problemas carcelarios, finalmente aseguró que asumirá la responsabilidad política de sacar el articulado adelante.

“Con este proyecto se están dando pasos cortos, pero no son pasos largos en la solución del problema”, había señalado el Vicefiscal.

“Se dice que hay que descongestionar, pero no dice el cómo. Se expresa que debe existir un enfoque diferencial de la población, pero no se dice el cómo”, han sido las observaciones que ha hecho Perdomo.

Para Manuel Enríquez, uno de los coordinadores ponentes, la nueva posición asumida por el Vicefiscal despeja el trámite del articulado. “Eso de alguna manera despeja el camino para que el proyecto sea aprobado”, aseguró.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, intervino en la discusión diciendo que el proyecto era necesario y avaló el trabajo hecho en este sentido por su antecesora.

Ante las observaciones hechas por Perdomo, Gómez dijo que “no he dicho en ningún momento que este proyecto sea la panacea, ni el único instrumento para solucionar el problema penitenciario del país”, aseguró.

“Nunca hemos aplicado el principio presunción de inocencia. Si se aplica este principio nadie debería ir a la cárcel hasta sentencia ejecutoriada”, recalcó.

Agregó que el “proyecto de reforma de Código Penitenciario y Carcelario no ha sido clandestino, hubo foros y debates”.

Por su parte, la senadora Karime Mota del Partido de La U, criticó la iniciativa al decir que “con este proyecto no se logra combatir el hacinamiento y no resocializa. Tendrá impacto fiscal”.

A su vez, el senador liberal Juan Fernando Velasco aseguró que “se debe pensar en un Código más resocializador”.

Ante los desacuerdos, el senador John Sudarsky del Partido Verde, propuso crear una subcomisión para conciliar las diferencias.

De otra parte, Jorge Londoño, planteó crear programas concretos de reintegración para que esta función no se quede en el papel.

“El Congreso tiene una oportunidad y es la de hacer que uno de esos artículos dispuestos en la constitución de verdad se apliquen y que hacen referencia a la reintegración social, nuestra propuesta es que de los seis meses siguientes a la sanción de la Ley, el Ministerio implemente unos programas de reintegración social. Para que de una vez por todas se empiece a trabajar en buscar que la pena tenga un fin preventivo y no una finalidad de neutralizar a quienes están por fuera de la regulación”, precisó Londoño.

La próxima semana se espera que se comience con la discusión del proyecto de ley.

Reclusión especial

Las condiciones especiales de reclusión a los sindicados y condenados producto de un acuerdo de paz así como a quienes están hoy tras las rejas cumpliendo una pena alternativa en el marco de la Ley de Justicia y Paz,  propone la ponencia para tercer debate de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

En ese sentido y de ser aprobada, la medida cobijaría a los integrantes de las Farc que eventualmente resulten privados de la libertad y condenados en desarrollo del Marco Legal para la Paz, el cual contempla la aplicación de penas alternativas en un escenario de justicia transicional, así como a los integrantes del Eln, organización que se ha mostrado interesada en iniciar con la administración Santos Calderón una negociación de paz.

La reforma al Código Penitenciario y carcelario es una iniciativa del Gobierno que fue radicada desde marzo pasado por la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. El proyecto ya superó sus dos primeros debates en la Comisión Primera de Cámara y la plenaria de esa Corporación, y ahora le corresponde ser estudiada por el Senado.

Si bien el proyecto actualiza la normatividad en materia carcelaria en el país, su objetivo principal es responder a la crisis que se presenta por la sobrepoblación en todos los centros de reclusión, por ello contempla incentivar medidas sustitutivas como la prisión domiciliaria para penas de cinco años o menos.