Aumentar el IVA de 16% al 18% para elevar el recaudo tributario al 2% del Producto Interno Bruto, PIB, es una de las propuestas que deberían estar dentro de una reforma estructural.
Así lo propuso la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, en un informe sobre la necesidad de adelantar modificaciones al sistema tributario en el país.
Señala la entidad que el aumento del IVA para mejorar los ingresos se requiere para afrontar los gastos de pensiones y de las obras de infraestructura.
En el análisis, ANIF cree que se hace necesario elevar el recaudo “ya no solo para fondear las presiones en seguridad social e infraestructura, sino para reemplazar los menores recaudos tributarios que nos está dejando el fin anticipado del auge minero-energético”.
Considera la entidad que será inevitable focalizarse en el incremento de los recaudos de impuestos indirectos, “donde lo más razonable apunta en la dirección de elevar la tasa general del IVA del 16% al 18%, persiguiendo un incremento neto cercano al 1% del PIB”.
Esta propuesta ha sido recomendada por los “centros de pensamiento” del país y, más recientemente, hasta la propia OCDE, organización a la cual Colombia espera ingresar en los siguientes cuatro o cinco años.
Dice el informe que ANIF ha estimado que, bajo el actual escenario, el recaudo de 2015 estaría cayendo hacia el 14.5% del PIB frente al 14.8% del PIB del cierre del año pasado, por cuenta de las menores utilidades observadas en 2014, donde estimamos contracciones cercanas al -10%.
Llama la atención el informe de ANIF sobre los débiles resultados del sector minero-energético a lo largo de 2013-2014, “pero ahora la situación se ha complicado por caídas del 58% en el precio internacional del petróleo”.
Por otra parte, la falta de una política en materia de tributación ha llevado a distorsiones, como que un empresario termine pagando, por el mismo hecho generador, hasta cuatro o cinco impuestos, por ejemplo contribución de obra pública y varias estampillas.
Así lo señala un estudio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Los contribuyentes se ven abocados a costos elevados para poder cumplir con sus deberes y obligaciones tributarias ante los municipios, con situaciones en las que ni siquiera se conocen las normas a cumplir, porque no hay suficiente divulgación de las mismas.
“Los funcionarios muchas veces ni las conocen, con salvadas y honrosas excepciones, y menos del 5% están en internet. Tampoco existen cuentas bancarias a las que se puedan hacer transferencias de los pagos sin necesidad de acudir a las Tesorerías en los municipios, hay poca capacidad instalada para el recaudo y una justicia no especializada en asuntos tributarios que eventualmente llega tarde, si llega”, dijo Esperanza Buitrago Díaz, una de las investigadores del Rosario.
Según el estudio, a esto se suma una extensa jurisprudencia que no le exige al Estado una norma de coordinación de las competencias tributarias y que bajo la pretensión de un criterio de legalidad atenuado, tampoco requiere que los elementos básicos de los impuestos sean definidos por el Congreso en la ley nacional de creación, y que con la idea de fortalecer la autonomía fiscal y tributaria de las entidades territoriales termina logrando lo contrario.
La profesora de la Universidad del Rosario coincide con la OCDE en que el sistema tributario actual recauda poco, es desigual, no favorece la inversión y en la necesidad de una reforma estructural que incluya la imposición local y no le quite impulso al desarrollo territorial.