“Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable”, afirmó ayer el presidente Juan Manuel Santos al promulgar la Ley de Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, Ácido o Sustancias Similares.

Durante la promulgación de la norma, cumplida en la Casa de Nariño y donde estuvieron Natalia Ponce y Gina Potes, dos víctimas, el mandatario afirmó que Colombia no puede seguir ocupando "la deshonrosa posición" de ser de los países que registran más ataques con ácido.

Por su parte, Ponce aseguró que en el renacimiento que está viviendo quiere dedicar su vida a “hacer realidad algo que necesitamos urgente en Colombia y es una unidad de atención para quemados acorde a las necesidades de nuestro país”.

Santos anotó que infortunadamente “somos un país que tiene esa muy triste calificación, pero sobre todo no queremos ver más vidas destruidas, más personas afectadas”.

De acuerdo con el jefe del Estado, la nueva ley constituye una respuesta integral del Estado a los ataques con ácido.

Explicó que la normativa “establece este tipo de ataque como un delito específico, con penas fuertes que corresponden a su gravedad”.

También incluye las sustancias corrosivas en el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas, para atacar a toda la cadena delictiva.

Subrayó que la ley establece que no habrá concesión de beneficios para quienes incurran en la comisión de ese delito.

Indicó que el Instituto Nacional de Medicina Legal deberá brindar toda la información a los médicos tratantes, para facilitar la atención a la víctima y que el Gobierno tendrá que diseñar y poner en marcha una política integral de atención a las víctimas de los ataques con ácido.

El mandatario enfatizó que “necesitamos ponerle freno a una tragedia que en los últimos 6 años han tenido que enfrentar 628 colombianos. ¡Más de 100 por año!”.

Así mismo, dijo que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) está llevando el registro de  ventas al menudeo de ácidos y otras sustancias similares, con lo que se les brindará más herramientas a las autoridades para encontrar a los agresores. “A la fecha, hay más de 1.400 establecimientos inscritos que han reportado cerca de 255.000 ventas. Ese registro es el que permite tener una trazabilidad de la venta, es decir, información del comprador”, indicó.