Los grupos ilegales siguen persiguiendo a líderes sociales. La investigación de la ONG realizada en campo en los alrededores del río San Juan, comprobó el desplazamiento de casi 3.000 personas que huyen de la violencia en esa región
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Una investigación de Human Rights Watch, HRW, comprobó que el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y el grupo sucesor del paramilitarismo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, están cometiendo graves abusos contra comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan ubicadas a la vera del río San Juan en el Chocó y llegan hasta límites de Buenaventura.
Los grupos son responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonal y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años. Los grupos armados también han limitado la posibilidad de que las familias trabajen en el río y en los montes cercanos.
La investigación de HRW sugiere que los abusos documentados en el Litoral de San Juan son representativos de abusos en otros municipios del Chocó. El Gobierno colombiano tiene la obligación de brindar asistencia adecuada a los desplazados, pero sus esfuerzos en este sentido han sido insuficientes.
“Mientras se disputan el control del río San Juan, el Eln y las Agc han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó”.
Desplazamiento
Según datos oficiales, en 2016, casi 3.000 personas se desplazaron en el Litoral de San Juan, que tiene una población de 15.000 personas, lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura, que durante años ha tenido las tasas más altas de desplazamiento forzado en el país. En los primeros dos meses de 2017, más de 1.300 personas fueron obligadas a desplazarse en el Litoral de San Juan, según la Defensoría del Pueblo.
Señala HRW que “mientras el Eln mantiene conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en Quito, sus combatientes someten a estas comunidades a graves abusos. Estos han ocurrido tanto en el marco de enfrentamientos con el Gobierno y con las Agc, como en los esfuerzos de esta guerrilla por ejercer el control social de las comunidades ribereñas”.
“Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó”, señaló Vivanco. “Si el Eln tiene un genuino compromiso con la paz, debe al menos respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles”.
Los paramilitares
Las Agc, que surgieron después de un proceso deficiente de desmovilización de los grupos paramilitares hace más de una década, también han estado implicadas en numerosos abusos. El 16 de abril, dos personas que se dedicaban a conducir embarcaciones fueron secuestradas en la comunidad de Pichimá Playa y asesinadas. Funcionarios locales que conocen el caso dijeron a HRW que creían que las Agc eran responsables de estos abusos. En agosto de 2016, dos miembros de los paramilitares presuntamente atacaron a una mujer en una colina y la hirieron para obligarla a que les diera información sobre líderes comunitarios.
El organismo también recibió señalamientos creíbles de que miembros del Eln y las Agc reclutan a niños para que se sumen a sus filas o trabajen como informantes, y que miembros de las Agc habrían presionado a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales.
Los montes cercanos a las comunidades son utilizados por los grupos armados para protegerse y el río es un codiciado corredor hacia el Océano Pacífico. Ambos grupos pretenden controlar el área, y esto hace que los lugareños estén expuestos a amenazas y violencia durante sus actividades cotidianas, como la pesca, el cultivo, la tala de árboles y la búsqueda de materiales para artesanías. A veces, los lugareños quedan confinados por temor al fuego cruzado o a minas antipersonal u otros artefactos explosivos, y en otras ocasiones los grupos armados limitan explícitamente su posibilidad de circular.
Actividades
En 8 de las 16 comunidades que HRW visitó en marzo, varios residentes dijeron que como consecuencia de las acciones de uno o ambos grupos no podían realizar plenamente sus actividades económicas diarias, como pescar, talar madera y cultivar. Señalaron que, a menudo, les resultaba difícil conseguir alimentos y agua potable. El 19 de febrero, una comunidad indígena wounaan informó que el Eln les “prohibió” a los residentes salir a pescar, cazar o cosechar.
Muchos residentes expresaron que temían sufrir represalias si denunciaban abusos, en parte porque creían que las autoridades u otras personas podían filtrar información a grupos armados. “A uno le da temor hablar”, nos dijo un lugareño afrocolombiano. “Uno no sabe quién es quién aquí, y lo hacen matar”.
“El director de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que si el Eln tiene un genuino compromiso con la paz, debe al menos respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles”.
HRW también documentó limitaciones en la asistencia del Gobierno a las familias desplazadas. Con arreglo a la legislación de Colombia, las autoridades deben garantizar a las víctimas de desplazamiento albergue y alimentos dignos. No obstante, muchas personas desplazadas del Litoral de San Juan han vivido en condiciones deplorables. Por ejemplo, cuando una comunidad de más de 450 personas se desplazó a Docordó en mayo de 2016, la mayoría de ellas tuvieron que dormir ocho meses en el piso de un centro comunitario, sin paredes divisorias. Algunas contrajeron enfermedades prevenibles como diarrea. Muchos miembros de la comunidad dijeron que la falta de asistencia suficiente los estaba obligando a regresar a sus comunidades, aunque no se sintieran seguros allí.
“Los residentes de las comunidades a la vera del río San Juan suelen quedar abandonados a su suerte”, comentó Vivanco. “Con frecuencia, las familias desplazadas son obligadas a elegir entre condiciones de hacinamiento insalubres en las ciudades o miedo a sufrir abusos por parte de grupos armados en sus comunidades”.
La investigación
HRW visitó el Litoral de San Juan y también comunidades más al sur en el curso del río San Juan, en el departamento de Valle del Cauca, y en la zona próxima del río Calima.
Entrevistaron a residentes de 20 comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan, así como a funcionarios locales y empleados de organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. La mayoría de las entrevistas se realizó en marzo en el Litoral de San Juan. Algunas personas fueron entrevistadas en Quibdó, la capital del departamento, y otras de forma telefónica. “Numerosos entrevistados expresaron temor a sufrir represalias y accedieron a dialogar con nosotros a condición de que no difundiéramos sus nombres u otra información identificadora, incluidos los nombres de sus comunidades. Nuestra investigación también se basó en datos gubernamentales e informes oficiales”, señala HRW.
Se consultó además a funcionarios, trabajadores organizaciones humanitarias y líderes comunitarios sobre la situación en otras zonas del Chocó, incluidos los municipios de Lloró, Alto Baudó y Riosucio, que se encuentran más al norte. La investigación sugiere que los abusos documentados en el Litoral de San Juan son representativos de los abusos que ocurren en otros municipios del departamento.
La investigación sugiere que tanto las Agc como el Eln aterrorizan a los lugareños para que no cooperen con las autoridades gubernamentales y para obtener información sobre las actividades de líderes comunitarios. Esos abusos contribuyen a que los residentes huyan de la zona o vean coartadas sus posibilidades de pesca y cultivo.
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