Opiniones divididas se registraron en torno a si la decisión de prohibir el uso del glifosato podría acarrear demandas contra el Estado.

 

El presidente Juan Manuel Santos pidió el sábado al Consejo Nacional de Estupefacientes que en su próxima reunión tome la decisión de suspender el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos, con base en sugerencias del Ministerio de Salud y luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalara al glifosato como "probable" cancerígeno.

 

El exministro Alfonso Gómez le expresó a EL NUEVO SIGLO consideró que “esa es una decisión que se venía estudiando en el interior del Consejo Nacional de Estupefacientes, cuando yo lo presidía”.

“Me parece que en esto el Gobierno, si se inclina, como yo creo que lo va hacer según la declaración del presidente, por la suspensión, pues está simplemente cumpliendo decisiones judiciales y el cumplimiento de una decisión judicial no puede a su vez generar demandas contra el Estado”, explicó.

“Colombia no abandona con esto su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Es más, tiene muchas aristas, no es solamente el de los cultivos, sino es el comercio, el del tráfico, el de los delitos asociados a esto y seguramente encontrarán otra forma: una es la erradicación manual. Esperaría uno que ya en un proceso de paz y no haya fuerzas interesadas, va ser mucho más fácil. Y como lo ha dicho el presidente: buscar una sustancia distinta que no generen la consecuencias que hoy genera el glifosato”, sostuvo Gómez.

En cambio, para el también exministro Fabio Valencia, sí habrá demandas apoyadas en la decisión.

“La erradicación manual ha resultado ser muy compleja, muy difícil y muy poco eficaz. Lo único eficaz era la aspersión con glifosato, porque siempre la comunidad internacional, inclusive la OEA y muchos organismos internacionales, siempre ha dicho que no afecta la salud. En el gobierno del expresidente Uribe logramos reducir hasta 60.000 hectáreas. Ahora otra vez pasaron de las 100.000 hectáreas. Eso lo que va a traer como consecuencia es la proliferación de cultivos de coca y obviamente el incremento del narcotráfico”, dijo.

Por su parte, el exministro Juan Carlos Esguerra opinó que “para cualquier demanda de ese tipo lo primero que se tendría que hacerse es probar el daño que se produjo y que ese daño que se produjo es por consecuencia del glifosato. Entonces el solo hecho de que el Gobierno decida abandonar el glifosato no es prueba de que el glifosato que se fumigó en determinado sitio fue la causa de determinados males”.

“Si usted pudiera probar que fue la causa de determinados males en determinadas zonas, no importa que el Gobierno siga fumigando o haya dejado de hacerlo. Con esto lo que le quiero decir es que no es el solo hecho de que el Gobierno decida dejar de fumigar lo que va dar lugar a esa responsabilidad”, precisó.

Guillermo Francisco Reyes, exviceministro de Justicia, se unió a lo dicho por Esguerra, anotando que “se tendría que demostrar medicamente que esa sustancia afecta los pulmones y alguna otra parte del cuerpo”.

El exministro Parmenio Cuellar indicó que “desde luego que todas las personas que se perjudiquen de un u otra manera con una decisión del Estado, con una actividad, podrían demandar al Estado. Ya el Estado ha tenido que pagar en caso de Tumaco cuando con las fumigaciones causaron perjuicios a los cultivos que no eran ilícitos. Los campesinos de Tumaco demandaron y tuvieron que pagar. El Gobierno está aceptando una determinación de las Naciones Unidas en el sentido de que eso era malo”.

 

Nueva estrategia

El tema ha provocado polémica en los últimos días, incluso dentro del mismo gabinete, porque pese a la recomendación de la cartera de Salud, su similar de Defensa ha defendido el uso de este pesticida.

Estados Unidos, aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y que proporciona aviones y pilotos para las fumigaciones en el territorio nacional, también se pronunció al respecto.

"El glifosato es usado en todos los estados de mi país y créame que ya habríamos tomado medidas si hubiera algo malo", dijo recientemente el subsecretario de Estado Anthony Blinken al diario El Tiempo.

Por su parte, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, rechazó la decisión del mandatario tuiteando que el "Gobierno anuncia lo anticipado, sin remplazo para el glifosato suspenden fumigación y avanzan cultivos ilícitos".

Contra la suspensión del glifosato también habló el procurador Alejandro Ordóñez: "El desmonte de la política contra los cultivos ilícitos en Colombia es la cereza para la muerte definitiva de la fumigación de la coca". 

 

Eficacia en duda

Además del eventual riesgo para la salud de los colombianos, Santos justificó su decisión en que "hay muchos estudios que señalan que el glifosato no es tan eficaz como mucha gente dice", entre otras cosas, porque "los narcotraficantes se han encargado de buscar formas para protegerse de las aspersiones".

Para Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la bogotana Universidad de los Andes, esa baja efectividad también reside en que los cultivadores están dispuestos a volver a sembrar rápidamente.

"Si el avión pasa y efectivamente destruye el cultivo, los cultivadores de coca tienen semilleros listos para resembrar", dijo el experto a la AFP. 

Así, Mejía, quien ha liderado estudios sobre la política antidrogas en Colombia, aseguró que la efectividad del pesticida es de 3,5%, lo que "significa que eliminar una hectárea (de coca) con glifosato le cuesta a Estados Unidos y a Colombia 72.000 dólares". 

"Este es un costo bastante alto", señaló.

Según el experto, los estudios en Colombia han mostrado que las aspersiones con glifosato tienen efectos negativos dermatológicos, respiratorios y reproductivos, al provocar pérdida de embarazos.

Entre 2000 y 2007, Colombia aplicó un fuerte programa de erradicación de cultivos ilegales en la frontera con Ecuador, en el marco de un millonario plan antidroga financiado por Estados Unidos, que fue denunciado por Quito y que llevó a la suspensión de la aspersión aérea en las cercanías de la zona limítrofe hace un par de años.

Ecuador se quejó precisamente de que el pesticida afectaba la salud de su población y sus cultivos agrícolas.

 

No se bajará la guardia

El presidente Santos advirtió que la suspensión de las aspersiones con glifosato a los cultivos ilícitos “en ninguna forma” es “una señal” de que el Gobierno nacional esté disminuyendo la intensidad de su lucha en contra del narcotráfico.

“Que esto no se interprete, bajo ningún punto de vista, que vamos a bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico”, enfatizó el mandatario.

El jefe del Estado indicó que pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes que en su próxima reunión ordene la suspensión del uso de glifosato para las aspersiones de cultivos ilícitos.

Explicó que la decisión de suspender las aspersiones con glifosato acoge el “mandato de la Corte Constitucional para proteger la salud de los colombianos y para buscar formas más eficaces, pero menos dañinas en la lucha contra los cultivos ilícitos”.

Hizo hincapié en que dicha suspensión no debe interpretarse como una disminución en la intensidad de la lucha contra el narcotráfico.

“Todo lo contrario”, afirmó.

Y precisó que lo que le ha dicho tanto al ministro de Defensa como al director de la Policía y en general, a todas las autoridades, es que se deben aumentar “nuestros esfuerzos en el resto de las cadenas y mejorar ese eslabón que tiene que ver con el cultivo de la hoja de coca y también de la marihuana”.

Así mismo, el presidente de la República puso de presente la existencia de estudios que desvirtúan la eficacia del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos.

“La eficacia del uso del glifosato está también en tela de juicio. Hay muchos estudios que señalan que no es tan eficaz como mucha gente dice”, afirmó.

El jefe del Estado señaló que “los propios narcotraficantes se han encargado de buscar formas para protegerse de las aspersiones del glifosato”.

 

Transición

El gobernante también anunció que le solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes que “establezca con el Ministerio de Defensa y con todas las autoridades que están comprometidas, y que estamos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, un periodo de transición que no puede ir más allá del 1° de octubre”, para que se adopten nuevos mecanismos en la lucha contra los cultivos ilícitos como, por ejemplo, intensificar la erradicación manual.

El jefe de Estado reiteró que en el periodo de transición “se tienen que reemplazar las aspersiones con glifosato por otros mecanismos, por ejemplo, intensificar la erradicación manual, y otros instrumentos que nos permitan seguir combatiendo ese eslabón de la cadena del narcotráfico”./ENS-AFP-SIG