Cómo aplicarla prohibición de la apología del odio sin caer en la censura y la violación de la libertad de expresión es el dilema que enfrenta un proyecto de ley que espera primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

Por pronto tiene ponencia negativa presentada por la representante por Bogotá María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Se trata del proyecto de ley número 17 de 2014, “por medio de la cual se prohíbe la apología al odio, el discurso de odio y otras manifestaciones de intolerancia en Colombia”, radicado el 20 de julio por la bancada del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) integrada por los representantes Ana Paola Agudelo, Guillermina Bravo y Carlos Eduardo Guevara.

La iniciativa tiene por objeto prohibir la apología al odio, el discurso de odio y otras manifestaciones de intolerancia, con el fin de proteger a comunidades o grupos sociales, en razón a su lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La iniciativa castiga a la persona que  incite al odio o a cualquier forma de violencia física o moral, contra una persona, grupo o comunidad por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, incurrirá en pena de 12 a 24 meses de  prisión, y multa de 20 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

También se estipula que el que con conocimiento de la falsedad o temeridad difunda informaciones injuriosas o calumniosas sobre individuos, grupos o comunidades en relación con su nacimiento, origen racial o étnico, incurrirá en pena de 12 a 24 meses de prisión, y multa de 20 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para la representante Cabal, “este proyecto tiene el problema de que va a terminar cercenando la libertad de expresión. Lo grave es que aquí el bien jurídico que se tiene que proteger es precisamente ese que es fundamental en una democracia”.

Cabal dijo que “aquí lo que hay que prevenir es que por proteger no se termine coartando la libertad de expresión de todos, especialmente de la prensa que sería la más afectada”.

Según los argumentos de la ponencia de la congresista uribista, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de expresión a todas las personas por ella protegidas y, agrega, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este artículo de la Convención reconoce a todas las personas los derechos y libertades de expresar su pensamiento, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, así como el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno.

La representante Cabal consideró que “no solo en nuestra Corte sino en la Corte Interamericana, donde dice que hay que proteger la libertad de expresión, pero también hay que proteger el derecho de la igualdad de los ciudadanos existe una disputa entre esos dos derechos que para construir una sociedad democrática hay que tener mucho cuidado de hasta dónde se persigue la libertad de expresión”.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión, el representante nortesantandereano José Neftalí Santos, del Partido Liberal, expresó que desde su óptica está de acuerdo con la iniciativa, ya que si se quiere acabar con el conflicto de violencia en Colombia es necesario acabar con el odio que no permite que se genere un verdadero perdón, “dejar el odio es necesario para que exista una verdadera paz y convivencia”.

Afirmó el legislador que hay que preparar a la sociedad para la paz y para ello se debe dejar el odio.

El representante por Bogotá, Juan Carlos Losada, también del Partido Liberal, afirmó que es un límite difícil de trazar en medio de la libertad de expresión, “porque esta es una democracia y es importante que las personas expresen lo que quieran, siempre y cuando no le haga daño a los demás”.

Entre tanto, la también representante por Bogotá, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, manifestó que la intensión es buena, pero la aplicabilidad es inviable, anotando que es el mismo caso de la ley antidiscriminación.

Lozano, precisando que comparte el espíritu de la iniciativa, concordó con Cabal en que es de muy difícil aplicación el tipo penal propuesto por el articulado.