Por falta de planeación, insuficiente financiación y debilidades en la coordinación entre las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, las entidades territoriales enfrentan serios obstáculos para la adecuada operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país: esta fue una de las principales conclusiones de la reciente reunión que, a instancias de la Procuraduría, se llevó a cabo con los gobernadores de los 32 departamentos y un delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, escuchó los planteamientos de los mandatarios territoriales, quienes aseguraron que sobran los diagnósticos sobre el PAE, su importancia y desafíos en materia de cobertura y calidad, pero que los recursos asignados por el Gobierno nacional son inferiores a las necesidades de las regiones.

Los gobernadores se refirieron además a problemáticas como los riesgos de corrupción en el proceso de selección de los operadores, y la intervención (en algunas regiones) de actores al margen de la ley, que cobran “peajes” a quienes transportan las minutas que deben ser entregadas en zonas asediadas por estos grupos ilegales.

Durante la reunión se analizaron asimismo las dificultades que han surgido desde que, a la luz de la Ley del Plan de Desarrollo, el PAE pasó de ser competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a ser coordinado por el Ministerio de Educación Nacional, lo que algunos gobernadores consideran fue una decisión improvisada que no ha impactado positivamente la ejecución del programa.

Preocupa tanto al Ministerio Público como a los mandatarios territoriales, la falta de certeza sobre la financiación del PAE para el segundo semestre de 2014, más cuando persisten las dificultades en materia de infraestructura y cuando la cobertura actual no supera el 50% de los 8 millones de niños y niñas registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), que es el referente de la población escolar que requiere atención en seguridad alimentaria a través del PAE.

En este sentido, se planteó el interrogante de si el programa está cumpliendo con sus finalidades, que fundamentalmente son la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia de los niños en el sistema escolar, aspectos que deben ser cuidadosamente evaluados para fortalecer el PAE y sus alcances.