Martes, 20 de Enero de 2015
En reunión sostenida con la gerencia del proyecto del Fondo de Adaptación para la reconstrucción y reasentamiento del municipio de Gramalote (Norte de Santander), la Procuraduría General de la Nación formuló observaciones frente a las problemáticas existentes en materia de distribución de viviendas, lotes y locales comerciales a los damnificados de la tragedia que destruyó el casco urbano en diciembre del año 2010.
A través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, el Ministerio Público resaltó la necesidad de estructurar técnicamente las condiciones de reasentamiento de la totalidad de los gramaloteños, identificando las tipologías de familias beneficiarias y protegiendo los derechos de quienes al momento del fenómeno natural eran propietarios (habitantes y no habitantes).
Igualmente se instó a priorizar los criterios de reubicación de las familias, delimitando si ello responderá a factores de ubicación barrial en el municipio destruido, condiciones de edad u otras; definiendo quiénes tienen derecho a recibir lotes o viviendas; así como trazando lineamientos en lo relativo a respeto por la vecindad ante la ausencia de planes de urbanismo.
Igualmente, la Procuraduría presentó inquietudes frente a las medidas que se tomarán para garantizar que las futuras construcciones cumplan con la normativa para la prevención de desastres, garanticen la estabilidad de los terrenos y no afecten las generalidades vecinales.
Tras el encuentro sostenido con la Gerencia del proyecto, la Procuraduría promueve una reunión con la Presidencia de la República, en busca de establecer los parámetros económicos y sociales que asegurarán el éxito del proceso y la garantía de los derechos de la ciudadanía de Gramalote.
La Procuraduría General de la Nación exhorta al Gobierno Nacional a consolidar, discutir y concretar las posibilidades de solución a las dificultades para lograr el cierre financiero y la resolución de aspectos técnicos y sociales que requieren del concurso de toda la institucionalidad; realizando, de ser necesario, los ajustes normativos que puedan resolver las necesidades de la comunidad tras más de cuatro años de ocurrida la tragedia.
Nota: foto de El Espectador.