Al no presentar recurso de apelación en el fallo de primera instancia, el Ministerio Público advirtió que la decisión disciplinaria quedó debidamente ejecutoriada.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa equivalente a un mes de salario al exalcalde distrital de Buenaventura, José Felix Ocoro Minotta, quien no adelantó el proceso de desalojo de quienes ejercen la explotación ilegal minera en el río Dagua.

El Ministerio Público impuso la misma sanción disciplinaria al señor Henry Moreno Mosquera, en su calidad de secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

 
El exmandatario no hizo seguimiento al proceso de desalojo que debía adelantar  a través del secretario de Seguridad Ciudadana de las personas que ejercen la explotación minera en el río Dagua, Concejo Comunitario del Alto y Medio Dagua, Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca) y de quienes explotan ilegalmente oro en el sector de Zaragoza río Dagua, incluyendo las actividades de barequeo, dragas y retroexcavadoras.

Señala la Procuraduría que con su omisión el mandatario incumplió lo estipulado en una resolución expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y en las resoluciones proferidas por su despacho en las que se le ordenaba a la Alcaldía, a través del secretario de Seguridad Ciudadana, llevar a cabo el mencionado proceso de desalojo.

El Ministerio Público concluyó que la administración distrital a cargo del exmandatario había expedido los actos administrativos en los que se ordenaba, entre otros aspectos, el citado desalojo, pero éstos no se concretaron y en consecuencia   permitió que se realizara una explotación de minería a gran escala que generó daños ambientales.

De otra parte, el órgano de control estableció que el señor Henry Moreno no concretó los procedimientos pertinentes para llevar a cabo el proceso de desalojo de quienes ejercen la explotación ilegal ya señalada.

La Procuraduría Provincial de Buenaventura remitió copia de la decisión disciplinaria a la Procuraduría Regional del Valle para que investigue la conducta de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por cuanto al parecer no habría atendido oportunamente la situación.