Una solicitudpara que se suspenda la venta de Isagen fue radicada por la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentado que con la misma se vulneraría el derecho colectivo al patrimonio público.

A juicio del Ministerio Público, no existen estudios verídicos que den cuenta del costo de la empresa generadora de energía, razón por la que se desconocen los riesgos con su eventual venta.

Además, el procurador Alejandro Ordóñez, pide explicaciones sobre en manos de quién quedaría la empresa y si se afectaría la prestación del servicio público.

Ordóñez reveló ayer en Bucaramanga que la solicitud fue radicada el Procurador 1 Judicial II Administrativo de Bogotá, José Pablo Durán Gómez, y que en la misma se señala que no se conoce cómo se va a incorporar al presupuesto nacional los recursos provenientes de la venta, dado que de acuerdo el proyecto de la venta “no se observa estimación al respecto ni se ha estructurado su impacto”.

En ese sentido, la sugerencia de la Procuraduría es que se suspendan los actos que avalan la venta, que, según ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no tiene reversa.

La acción presentada por Durán Gómez estima que tratándose de un activo público altamente rentable para la Nación y el patrimonio público, su enajenación debe cumplir con una serie de requisitos como saber si se afectará el actual servicio que presta la entidad.

“Se hace necesario revisar las medidas que se toman para la preservación y continuidad de dicho servicio, ante lo cual se deben precisar dos aspectos que deben ser considerados”, señala la petición.

De acuerdo con la Procuraduría, se espera que el Tribunal Administrativo se pronuncie y que se ordene la suspensión de los actos de venta por parte del presidente, Juan Manuel Santos, del consejo de ministros y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Gobierno nacional tomó la determinación de vender el 56% de la participación accionaria de Isagen, que es propiedad de la nación.

A parte de la solicitud del Ministerio Público, se suman otras acciones, entre ellas una interpuesta por Guillermo Rodríguez, abogado del expresidente Álvaro Uribe.

Según el jurista, con la venta de esa entidad, “se están vulnerando el acceso a los servicios públicos, al patrimonio público, la normatividad administrativa y la seguridad nacional, por lo que se están afectando los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos”.