APROBAR el Acto Legislativo para la Paz y que se eliminen los condicionamientos a la participación del Ministerio Público para “intervenir en defensa de los derechos de las víctimas” en la Justicia Especial para la Paz, JEP, pidió el Procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortes González, a la Corte Constitucional .

En su intervención en la audiencia sobre el Acto Legislativo 01 de 2017, Cortes González llamó la atención sobre las condiciones impuestas para la acción del órgano de control en la JEP y explicó la importancia de la intervención de la Procuraduría en cualquier caso, conforme a su propia decisión y no únicamente ante la solicitud de los magistrados de esta jurisdicción, ni para las diligencias que ellos definan.

El Procurador (e) aseguró que la creación de la Justicia Especial de Paz permite al Estado cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

Afirmó que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) se convierte en una herramienta fundamental para satisfacer los derechos de las víctimas y contribuir a la reconciliación entre los colombianos.

“El SIVJRNR constituye, a juicio de la Procuraduría, una solución adecuada a la tensión entre los derechos a la justicia y a la paz”, precisó.

Cortés González explicó ante los magistrados de la Corte Constitucional el concepto de la Procuraduría frente a las tres temáticas que está analizando el alto tribunal sobre Acto Legislativo 01 de 2017.

Sobre actos legislativos el Ministerio Público pidió a la Corte Constitucional se realice un análisis integral de las eventuales sustituciones a la Constitución y que el control efectuado tengan un alcance de “exhaustividad y universalidad frente a toda la Constitución”.

“La Corte Constitucional debe realizar en su análisis toda la verificación frente a las posibles sustituciones a la Constitución para que tenga la certeza sobre el alcance de las normas”

 Aseguró que el Ministerio Público encuentra que el principal objeto de la nueva arquitectura institucional que se da a partir de la Justicia Especial de Paz es contribuir a la terminación del conflicto armado interno y a la consolidación de una paz estable y duradera, que es compatible con los principios de la Carta Política de 1991.

“Para la Procuraduría, si bien los cambios institucionales (…) son profundos, se encuentran plenamente justificados en torno a la naturaleza de la justicia transicional”.

Frente al impacto de los instrumentos para la materialización de la verdad, la justicia y la no repetición en el modelo constitucional vigente, el Procurador (e) aseguró que estos elementos hacen parte “de un todo que busca una respuesta integral, y por ende, no pueden entenderse de manera aislada”.

“Es menester no adoptar una visión unidimensional de la justicia, por el contrario, se justifica la necesidad de elaborar una visión multidimensional que tenga en cuenta a todas las partes del conflicto”, concluyó.