Determinar exequible el Decreto Legislativo No. 601 de 2017 por medio del cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para atender con prontitud la catástrofe por una avalancha en el municipio de Mocoa,  que dejó más de 300 muertos y afectó a más de 1.500 familias, solicitó el procurador Fernando Carrillo a la Corte Constitucional en un concepto que entregó a propósito del estudio que ésta realiza acerca de su exequibilidad o no.

El Ejecutivo indicó en este Decreto Legislativo que “la tragedia de la avalancha de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco es una grave calamidad pública humanitaria, económica, social y ecológica que justifica la declaratoria del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, pues se trata de hechos distintos a los que hacen referencia los artículos 212 y 213 de la Constitución Política”.

En ese sentido el Gobierno justifica que es necesario acudir al fortalecimiento de los mecanismos que garanticen la supervivencia de las familias que lo perdieron todo, o que sufrieron graves perjuicios con el desbordamiento de las aguas, con el fin de ofrecerles alternativas para llevar una vida digna mientras se resuelven de manera definitiva sus necesidades básicas y, a más largo plazo, de facilitarles los medios necesarios para su reincorporación a la vida en sociedad.

Añade que  este compromiso también involucra las acciones que deben realizarse en el resto del municipio, incluida el área rural, dado que la magnitud de la tragedia impacta colateralmente a toda la sociedad de Mocoa.

Agrega el citado Decreto Legislativo que aunque el Gobierno nacional destinó $40.000 millones disponibles para la vigencia 2017 del Fondo de Compensación Interministerial, asignados a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, para atender la emergencia a la que se refiere el presente decreto, resulta necesario acudir a las facultades legales que ofrece el Estado de Emergencia para adicionar nuevos recursos a dicho fondo.

Análisis de Ministerio Público

Para el Procurador General de la Nación está acreditado que la emergencia se declaró por medio de decreto y que éste cumple con todos los requisitos formales exigidos en la Constitución y en la Ley 137 de 1994.

El Jefe del Ministerio Público consideró en primer término que el Decreto que declaró la emergencia cumple con el requisito de suscripción pues está firmado por el presidente Santos y varios de sus ministros.  

Además, la Procuraduría dice en dicho concepto que el Decreto 601 de 2017 cumple con el requisito de motivación expresa, pues en la parte considerativa se establecieron las razones que llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa.

Considera también que la gravedad de los hechos, que es una razón imprescindible para declarar el estado de emergencia, “está suficientemente probada en el presente caso y, por ello, los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia son objetivamente graves, y lo son porque tienen incidencia en los derechos fundamentales y su goce efectivo”.

Antecedente

Una segunda declaratoria que hizo el Gobierno nacional de la Emergencia Social, Económica y Ecológica por los efectos de la ola invernal en 2010 fue tumbada por la Corte Constitucional en marzo de 2011.

En esa oportunidad el alto Tribunal consideró que el Gobierno declaró una nueva Emergencia sin explicar por qué las medidas adoptadas por la primera no fueron suficientes para atender los estragos de la ola invernal.

En consecuencia se cayó el Decreto 20 del 7 de enero de 2011, por medio del cual se declaró la Emergencia por otros  30 días.

En el Decreto 20 de 2011 el Gobierno justifica una nueva declaratoria de emergencia diciendo que “después de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se han presentado hechos nuevos relacionados con el Fenómeno de La Niña, los cuales fueron posteriores a la expedición del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 y que hacen necesario que se adopten medidas encaminadas a contrarrestar esta crisis y sus efectos”.

La emergencia social y económica que declaró el Gobierno para Mocoa facilitó obtener recursos para atender el calamitoso hecho.