Para beneficiarse del preacuerdo con la Fiscalía, el contratista debía cancelar todo a lo que se había comprometido, afirmó la Procuraduría.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación presentó el recurso de impugnación presentado para que el beneficio jurídico firmado por Gómez con la Fiscalía quede sin efecto dentro del proceso  que se le adelanta por el escándalo del carrusel de pensiones.

Según el Ministerio Público, el beneficio jurídico firmado por Gómez con la Fiscalía presenta irregularidades, ya que para ser efectivo dicho acuerdo el contratista debía cancelar 297 millones de pesos y los 12 mil millones, suma de dinero que se había comprometido a devolver por los anticipos del contrato de la fase III de Transmilenio.