Contrario a la solicitud presentada por la Fiscalía, que pidió condenar al coronel Hernán Mejía, para la época de los hechos comandante del batallón La Popa, y a otros seis militares por falsos positivos, la Procuraduría estimó que los uniformados deben ser declarados inocentes.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, no hubo exceso de los militares y la orden para las operaciones fue legal, en virtud de lo cual solicitó a un juez especializado la absolución de toda responsabilidad por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La petición de la Procuraduría difiere de la solicitud echa el pasado lunes por la Fiscalía que pidió la máxima pena

El Fiscal 14 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos pidió la máxima condena para los siete militares del batallón La Popa de Valledupar por la presunta comisión de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

Los acusados son el coronel y comandante del Batallón la Popa Plubio Hernán Mejía Gutiérrez, el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha, el sargento viceprimero Aureliano Quejada y los soldados profesionales Orlando Pava Rocha, Elkin Manuel Peralta Romero, Juan Carlos Almanza Salcedo y Deibis Solid Páez Triana.

La investigación está referida al año 2002, cuando en el marco de dos operaciones llamadas Coraza y Tormenta los militares informaron la muerte de 20 guerrilleros del Eln en combate.

Según lo expuesto por la Fiscalía, lo dicho sobre la muerte de dos hombres que ingresaron al batallón para robar armamento y cayeron en el enfrentamiento con los soldados presenta inconsistencias porque lo estudios periciales reflejan que las trayectorias de los proyectiles, las heridas y las posiciones de los cadáveres no coinciden con la que debería ser la escena de los hechos.

Al referirse a la operación Tormenta II, realizada en octubre de 2002 en el municipio de Bosconia (Cesar), donde murieron 18 presuntos guerrilleros del ELN, que después fueron identificados como miembros de los paramilitares, el fiscal dijo que tras el estudio forense se concluye que “los cuerpos no fueron atacados sino sometidos de forma homicida. El accionar de las armas es ilegal y se generó la muerte de manera innecesaria a fin de presentarlos como una operación exitosa y lograr reconocimiento de ella”.