Al considerar que no existen méritos para evidenciar que el exdirector de Estupefacientes, Carlos Albornoz, incurrió en el delito de concierto para delinquir, la Procuraduría no apoyó la solicitud de la Fiscalía para que lo envíen a prisión.

Al exfuncionario, al que se le sigue otro proceso por el manejo de los bienes incautados a los narcotraficantes, la Fiscalía le imputó el pasado 30 de mayo nuevos delitos por haber, supuestamente, omitido funciones para favorecer, al parecer, a terceras personas con la conocida Granja 32.

Los tres delitos por los cuales debe responder Albornoz son peculado por apropiación, prevaricato y concierto para delinquir.

La Granja 32 estaba valorada en un precio superior a los 3.200 millones de pesos y según la Fiscalía, Albornoz aprobó la venta del inmueble por un valor de 1.200 millones de pesos.

Ayer se sumó a la petición de la Fiscalía el abogado defensor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que actúa como víctima en el proceso, quien pidió al juez 31 de Control de Garantías que cobije con medida de aseguramiento a Albornoz.

Para el jurista, tanto Albornoz como Carlos Enrique Robledo Solano, exfuncionario de la DNE, y Tito Arcadio Perilla Cepeda, quien compró el predio, tenían conocimiento de la venta de la denominada Granja 32 e incluso hay una certificación donde se manifiesta y se da la autorización para su venta.

Pero el representante del Ministerio Público, Miguel Ángel Carvajal, expresó su rechazo a la solicitud al indicar que no ve de qué manera los imputados habrían actuado en los delitos que la representante del ente acusador les endilgó.

En el caso del exdirector de la DNE, el Procurador delegado dijo que se presenta “una situación contradictoria”, por cuanto a Albornoz ya se le había imputado el delito de concierto para delinquir. Por esta razón, Carvajal dijo que se podría “estar frente a una doble imputación”.

El representante del Ministerio Público señaló que “puede haber una inferencia razonable de la autoría o participación de Carlos Albornoz en un probable hecho de peculado por apropiación, pero no frente al delito de concierto para delinquir y por el cual se pide medida de aseguramiento”.

En cuanto a Robledo Solano, el Procurador dijo que “dentro del proceso de adjudicación del bien no se observó cuál sería la actividad requerida para el Subdirector Jurídico en el trámite de dicha adjudicación”.

Por su parte, Albornoz, en diálogo con La F.M., se declaró víctima de una persecución de las autoridades, sobre la nueva imputación de cargos por presuntas irregularidades en el manejo de bienes incautados a la mafia en esa entidad.

“Esto es absurdo, es una persecución”, señaló mientras cuestionaba el actuar de la Fiscalía General al momento de solicitar ante un juez que sea enviado a la cárcel por segunda ocasión.

“Yo creo la Fiscalía prepara su escrito de acusación, presenta unos hechos materiales probatorios, pero como aquí lo manifestó, para la Procuraduría esos elementos no dicen absolutamente nada, de tal manera que eso de ir pidiendo alegremente medidas de aseguramiento, obedece a una contradicción”, indicó.

Por otra parte desvirtuó lo que manifestó el ente acusador referente a que en este caso existe una empresa criminal. “Eso no deja de ser esas frases de cajón que emplean algunas personas para despertar audiencia y aplausos fáciles, entonces claro en muchos medios de comunicación se tituló con eso, ¿pero cuáles son los elementos para sustentar dichos señalamientos?”.