Diez reclusos murieron en un incendio desatado la noche del lunes en la cárcel Modelo de Barranquilla, el primer episodio desde 2000 con fallecidos en cárceles colombianas, que según organismos humanitarios han comenzado a sufrir un alto índice de hacinamiento.

El secretario de salud de Barranquilla, David Peláez, informó que el incendio causó la muerte de diez reclusos, además de que 38 presos resultaron lesionados, de los cuales dos de gravedad. Una docena de los heridos ya fueron dados de alta.

"Tenemos seis muertos en la cárcel y cuatro que murieron en los hospitales por quemaduras graves", dijo el funcionario.

El fuego, que fue sofocado por los bomberos, habría sido provocado por la quema de colchonetas por parte de internos en medio de una riña, según las autoridades.

Horas antes, se había realizado una requisa en la cárcel en la que se encontraron "gran cantidad de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares", explicó a la prensa el general Saúl Torres, director del Instituto de Penitenciarías de Colombia.

El caso más reciente de un motín carcelario que haya provocado muertes en Colombia data de abril de 2000 cuando murieron 25 internos de la cárcel Nacional Modelo de Bogotá, en un ajuste de cuentas entre reclusos.

Problemas de hacinamiento

La cárcel de Barranquilla sufre un alto índice de hacinamiento y ya en noviembre pasado había registrado un amotinamiento que causó la destrucción de uno de los patios y dejó heridos a varios guardias penitenciarios, según la Defensoría del Pueblo.

"El hacinamiento en ese penal llega al 147%, en la medida que tiene capacidad para 454 internos y a corte del 15 de enero se registraba la presencia de 1.123", dijo el Defensor del Pueblo, Jorge Otálora.

"Tan sólo en el pabellón donde ocurrieron los hechos, la capacidad es de 196 y en el momento de los desórdenes había 716", añadió.

Uno de los reclusos sobrevivientes denunció lo ocurrido como "una masacre" y afirmó que "hubo negligencia de la guardia que no abrió las puertas para salir al pasillo".

"Quedó gente calcinada. Somos seres humanos", dijo a la radioemisora Caracol el interno, que se identificó como Rodrigo.

Esa versión fue rechazada por Torres, quien aseguró que las puertas sí fueron abiertas.

"No pudieron evacuar rápidamente a pesar de que se abrieron las puertas. Por la cantidad de personas se presenta esta gran congestión y algunos sufrieron quemaduras", dijo.

Reynaldo Villalba, responsable del área penal de la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostuvo que además del problema del hacinamiento, el sistema carcelario enfrenta la falta de recursos financieros y no cumple con la normatividad internacional.

"Los presos no tienen salud, ni medicamentos y no hay recursos ni para sacarlos a asistir a las diligencias judiciales", dijo Villalba a la AFP.

"Nosotros le hemos advertido al gobierno que la situación en las cárceles del país se ha venido agravando y puede derivar en hechos como los que se presentan en las cárceles de Venezuela y Brasil, o incluso podemos caer en situaciones peores", alertó.

Por su parte la Procuraduría explicó que abrirá un proceso de investigación para analizar cuáles fueron las verdaderas causas del incendio. Dicho análisis quedará en manos de una procuradora delegada para los Derechos Humanos.

La principal causa de la búsqueda de pesquisas es saber porque la Policía cuando ingresó al lugar lanzó gases lacrimógenos teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento en los que se encontraban los reclusos y los efectos que causan dichos químicos.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias, en Colombia hay 142 cárceles con una capacidad total para 75.726 prisioneros, pero en la actualidad albergan a unas 116.370 personas.

Colombia construyó en los últimos años un conjunto de nuevas cárceles y separó a los prisioneros según los grupos a los que pertenecen, entre delincuentes comunes, paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda.

A principios de este año el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promulgó una reforma al código penitenciario encaminada a descongestionar las cárceles, al permitir que salgan de ellas a detención domiciliara los condenados a penas de menos de ocho años de prisión.