El Ministerio Público Distrital comprobó que la supuesta asesora de la Secretaría de Gobierno, cuestionada por supuestamente haber presionado a usuarios de Transmilenio, es contratista y no funcionaria de planta.

De acuerdo con el Código Disciplinario Único, la competencia para investigar contratistas del Estado es exclusiva de la Procuraduría General, por lo que el expediente fue enviado de manera inmediata al organismo de control del orden nacional.
Los hechos que serán indagados por la Procuraduría General es la entidad competente para investigar contratistas según el Código Disciplinario Único.
La funcionaria había hecho claridad sobre su participación en el foro de movilidad que fue llevado a cabo el 4 de marzo con los usuarios.
“Fue un evento abierto, totalmente transparente en el cual la ciudadanía, TransMilenio y la institucionalidad se reunieron para tratar los temas relacionados con la crisis que tiene el sistema en la ciudad”, explicó.