La Personería de Bogotá le remitió a la Procuraduría el proceso disciplinario por el contrato de reparcheo suscrito entre la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial (UMV) y la firma Green Patcher Colombia, S.A.S.

La indagación preliminar fue solicitada por la Procuraduría Segunda Distrital el miércoles pasado, en aplicación de la figura del poder preferente, para establecer irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato suscrito el 27 de diciembre de 2013 por 11.822 millones de pesos.

Según las quejas, se acudió a la contratación directa al calificar el contrato como una actividad de ciencia y tecnología, cuando se trata de un tipo de contrato que obligaba a acudir a la licitación pública, además de reprochar la calificación, capacidad y experiencia del contratista.

La información acopiada contempla tanto los estudios de la Veeduría y la Contraloría distritales, como los del propio IDU, conceptos de Colciencias y expertos en propiedad intelectual, además de datos adicionales aportados por el concejal Jairo Cardozo, del MIRA.

Para la Veeduría habría irregularidades en el contrato, mientras que para la Contraloría el reparcheo sale 51 por ciento más costoso y que no sirve para los huecos grandes que tiene la capital del país.

Este contrato será otra piedra en el zapato para el exalcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, pues además de la defensa internacional ante la destitución e inhabilidad por 15 años, ahora deberá poner los ojos en el polémico contrato de la máquina tapa-huecos por sus supuestas irregularidades.

El contralor de Bogotá, Diego Ardila, explicó que la UMV y Green Patcher Colombia S.A.S. firmaron un contrato por 11.800 millones de pesos, lo cual contrasta con una máquina nueva que, según la información que tiene el propio Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuesta unos 250 millones de pesos.

Ardila consideró que se pudieron evidenciar diferentes situaciones alrededor de la contratación de esta máquina que fue presentada por la Administración distrital en diciembre del año pasado para tapar gran parte de los huecos de Bogotá.

Resulta que la empresa Green Patcher Colombia fue creada 6 meses antes de la firma del contrato, el 5 de junio de 2013, con un capital de 5 millones de pesos. Desde ese momento a hoy no se ha empezado la ejecución de la obra.

“La UMV procedió a realizar una contratación directa a un contrato de obra aduciendo que se trataba de ciencia y tecnología, el cual debe ser novedoso y exclusivo, lo cual es desvirtuado por un estudio de la misma Administración a través del IDU, en la cual se estipula que 6 empresas a nivel internacional prestan este mismo servicio y además, es un sistema que hace más de una década se viene aplicando en otros países”, dijo Ardila.

Otra de las falencias que pudo evidenciar el organismo de control son los costos por metro cuadrado, ya que el contratista presentó unos precios del metro cuadrado de mezcla aplicada superiores a los valores reportados por la UMV para trabajos de parcheo.La Contraloría también evidenció la falta de planeación en el contrato objeto de estudio al observar que este, sin entrar en ejecución, ya fue objeto de un otrosí firmado el 17 de febrero de 2014, con el fin de facilitar la consecución de pólizas al contratista y poder sacar adelante un contrato que está en contravía de los principios de la contratación pública y la gestión administrativa, acomodando las modalidades de contratación al cambiar un contrato de obra por uno de ciencia y tecnología. 

En este sentido, las pólizas de garantía que antes eran pactadas para un mínimo de dos años, ahora solamente cubrirán 6 meses, al igual que ya no se amparan los equipos, contradiciendo los contratos de tecnología que argumenta la Administración.

Ardila declaró que la Contraloría de Bogotá seguirá realizando seguimiento al desarrollo de este contrato, que involucra no sólo una cifra importante de recursos públicos, sino el mejoramiento de la movilidad en la ciudad.