Una investigación por el manejo de recursos destinados a los subsidios de las facturas de los estratos uno y dos, abrió la Procuraduría General de la Nación contra los directivos de la empresa Electricaribe y ex Ministros de Minas y Energía.

De acuerdo con el ministerio Público, tanto los directivos como los funcionarios debían velar por evitar que se perdieran recursos destinados para aliviar el pago de facturas de energía de usuarios de estratos 1 y 2 de siete departamentos de la costa.

Se estima que la pérdida sería de alrededor de $78.500 millones, que giró el Gobierno Nacional para el subsidio de más de 600.000 usuarios, y además para disminuir las pérdidas que se habían generado en la compañía. Ante esta situación la Procuraduría sigue practicando pruebas para identificar a los responsables de este desfalco.

Según cifras la Contraloría, el hallazgo se dio tras la auditoria del ente de control a la compañía, luego de analizar un promedio de 800.000 facturas mensuales expedidas entre 2015 y 2016, que en total representaron 19 millones de facturas revisadas, encontrando irregularidades en 16 millones.

Reacciones

En el medio de estos anuncios, saltó a la palestra una aparente decisión del Gobierno de eliminar los subsidios ante el mal manejo que se le han dado. Aunque los directivos de Electricaribe no se pronunciaron al respecto, el senador José David Name Cardozo, advirtió sobre la promulgación de un nuevo decreto que tiene listo el Ministerio de Minas y Energía, con el que familias colombianas de estratos 1 y 2 podrían perder precisamente ese subsidio de energía y gas.

“Esta sería una afectación muy grande para millones de familias que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar un aumento del 50% en los servicios de luz y gas. Lo que debería procurar el gobierno nacional debería ser el mantener estos subsidios y no estar buscando la forma de retirarlos sin importar el grave daño que se le causaría a esta población” afirmó el senador por el Partido de la Unidad. 

Name agregó que “preocupa que el Ministerio de Minas haya  emitido el 2 de enero una circular a los prestadores de servicio de energía eléctrica y gas anunciando estos cambios que comenzarían a implementarse a partir de abril”.

Para finalizar, el Senador barranquillero afirmó que: “No vamos a permitir que este decreto se haga realidad y afecte a tantas familias”.

Frente a la situación de Electricaribe, Name indica que “la gran mentira en 2017 fue la promesa del gobierno nacional de una solución estructural para el sistema de comercialización eléctrica para la región Caribe”.

Sostiene que “no se dio tal solución y ahora siguen tratando de engañarnos con un proceso de selección de operador cuya realidad es que está lleno de obstáculos.  Que se pongan serios”.

Indica el senador que “dice el doctor José Miguel Mendoza, quien renuncio de manera inesperada al cargo de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, que esa entidad ya no tiene nada que hacer porque todas las etapas que le correspondían están surtidas. Por lo tanto, que al final de este 2018 debe estar un  nuevo operador en posesión de lo que hace  Electricaribe, cuya liquidación se ordenó el 14 de marzo por inviabilidad, operador escogido mediante acción competitiva en que se garantice el servicio continuo y la oferta futura con inversiones que comprometen al inversor y las que viene haciendo el Estado colombiano”.

Se pregunta el político, “¿quién compraría una empresa con pasivo laboral de 1.5 billones de pesos, que incluye una carga pensional sobre la cual no hay certezas por demandas múltiples, deudas por 2.5 billones a generadores, contratistas y bancos, entre otros, más la obligación de invertir 600 mil millones anuales en diez años? Adicionalmente, con la reputación de que estamos frente a un mercado disperso en su mayoría, con fama de escasa cultura de pago y fraudes, así como de una alta informalidad, reducción progresiva de subsidios estatales y con un sistema de redes y estaciones agotado. Además, no olvidar que la economía colombiana tiene hoy bajo crecimiento, hay reparos de las calificadoras de riesgo por el manejo fiscal y alta polarización política, lo que conduce a la inestabilidad”.