El ente de control llevará a cabo las acciones correspondientes por renuencia de los mandatarios a rendir informe sobre temas de infancia y familia.

 

En desarrollo de la función preventiva y de control de gestión, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, recibió el informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud de las 32 gobernaciones, el Distrito Capital de Bogotá y 1052 alcaldías.

 

Antioquia: Arboletes, Campamento, Cisneros y Dabeiba.

Atlántico: Campo de la Cruz, y Piojó.

Bolívar: Achí, Cicuco, Magangué, Montecristo, Morales, San Estanislao y Soplaviento.

Cauca: Almaguer, Buenos Aires, Guapi, López de Micay, Purace, Timbío, Timbiquí, Totoró, Villarrica.

Cesar: San Alberto.

Chocó: Acandí, Bahía Solano, Belén de Bajirá, Juradó, Nóvita y Sipí.

Córdoba: Los Córdobas, Puerto Libertador y San Carlos.

Cundinamarca: Beltrán y San Cayetano.

La Guajira: Barrancas.

Magdalena: Remolino.

Santander: Carcasí, Landázuri, San José de Miranda y Valle de San José.

Sucre: Chalán, El Roble, Guaranda, La Unión, Majagual, Sucre y Tolú Viejo.

Tolima: Anzoátegui y Cunday.

Vichada: Cumaribo.

 

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó se investiguen las presuntas irregularidades que habrían cometido los alcaldes de estos municipios, al no haber remitido el informe de rendición pública de cuentas contemplado en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).

 

La Procuraduría General de la Nación, con el apoyo técnico de UNICEF, realizará el estudio de los informes de gestión entregados por los gobernadores y los alcaldes del país, con el fin de presentar un informe consolidado sobre la situación de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, el que se dará a conocer en el primer semestre de 2012.