Sancionó el ente de control con destitución e inhabilidad por de dieciocho años a Ramón Enrique Mosquera Lozano, en su calidad de contralor general del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se relacionan los hechos con la captura en flagrancia del señor Mosquera Lozano, el 10 de julio de 2009, en momentos en que recibía del gobernador de ese departamento, Pedro Gallardo Forbes, la suma de cincuenta millones de pesos, producto de sus exigencias a cambio de no iniciar o suspender las investigaciones fiscales a su cargo, relacionadas con contratos y adjudicaciones suscritos por dicho mandatario seccional.

Incurrió por esta conducta el entonces contralor departamental en el delito de concusión y fue condenado a la pena de 18 meses de prisión.

Indicó el Ministerio Público que la falta, calificada como gravísima cometida a título de dolo, se generó al constreñir e inducirla entonces gobernador de San Andrés Isla a darle dinero y prebendas en la contratación de la entidad territorial, a cambio de beneficiarlo con las decisiones que debía tomar en desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal.

Consideró al imponer la sanción la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa que el hecho representa una conducta delictiva de la mayor gravedad y por tratarse de un acto de corrupción realizado por la máxima instancia de control fiscal de esa entidad territorial, se causó un grave perjuicio social a las comunidades de ese departamento.