Demostró el Ministerio Público que desde el DAS se conformó una red de informantes para recoger información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los procesos que seguían.

Quedó en firme la decisión de primera instancia para cinco de los sancionados, quienes no interpusieron recurso de apelación.

Destituyó e inhabilitó la Procuraduría General a cinco servidores del DAS, a uno de la Policía Nacional y a tres de la Corte Suprema de Justicia, por violar derechos fundamentales protegidos constitucional y legalmente como el derecho a la intimidad, acceder a documentos públicos reservados y a conversaciones privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin disponer de autorización legal para ello.

Demostró el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia pública disciplinaria que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se conformó una red de fuentes humanas para acceder a información del círculo personal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y recopilar documentos internos del Alto Tribunal relacionados con procesos por ‘parapolítica’ y ‘farcpolítica’.

Se produjeron las labores de seguimiento durante los años 2007, 2008 y 2009, y tenían el propósito de recoger información para adelantar una labor de desprestigio en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Impuso la Procuraduría la máxima sanción disciplinaria, destitución e inhabilidad por el término de 20 años, al señor William Gabriel Romero Sánchez, subdirector de Fuentes Humanas del DAS, y a la señora Alba Luz Flórez Gélvez, detective que para la época de los hechos investigados se desempeñó como agente de control dentro de la misión de trabajo denominada “Escalera”.