Una crítica  al Estado por su falta de capacidad y lentitud en el juzgamiento de las personas postuladas en el proceso de Justicia y Paz así como en el programa de reparación integral a las víctimas hizo la Procuraduría.
Al presentar un informe  sobre el estado de la justicia transicional en Colombia,  problemática, avances y  retos para hacer realidad los derechos de las víctimas, la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, indicó que “falta de capacidad del Estado para procesar a las 4.634 personas postuladas al proceso de justicia y paz, para realizar las diligencias de versiones libres respecto de 1.855 postulados y en  adelantar los incidentes de reparación integral”.
Agregó que todo ello  configura  un balance inaceptable.
El informe también hace referencia a la reacción del Estado la cual resulta lenta al momento de introducir los cambios que la justicia transicional va requiriendo o las soluciones que provee. En ese sentido la viceprocuradora hizo referencia a la vigencia de la Ley 975, sobre el trámite del incidente de reparación integral, la Ley 1424 de 2010, sobre la necesidad de priorizar el juzgamiento de algunos postulados, de la necesidad de que también se investigue la barbarie de los grupos guerrilleros y la ley de víctimas.
De otra parte la viceprocuradora  Castañeda Curvelo resaltó los avances  en la aplicación de la justicia transicional y de la ley de justicia y paz y de víctimas y restitución de tierras, que se constituyen en la columna vertebral de este proceso transicional.
Destacó los avances  en relación con el derecho a la verdad e indicó que de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, a 31 de diciembre de 2010,  la contribución de los desmovilizados en este tema ha permitido la documentación de 1.614 masacres, 173.618 homicidios, 3.557 casos de reclutamiento forzado de menores, 34.740 desapariciones forzadas, 77.180 eventos de desplazamiento forzado y 3.611 secuestros.
La justicia transicional –agregó- , también ha permitido ubicar “3.763 cadáveres, de los cuales 1.384 fueron plenamente identificados y 1.295 entregados a familiares“.
Durante la presentación se resaltó  también el tema de la reparación administrativa que a 31 de julio de 2011 ha beneficiado a 35.410 familias y ejecutado un presupuesto de 652 mil millones de pesos.