“El Estado no le puede seguir metiendo la mano impunemente al bolsillo de los ciudadanos y menos sin ninguna planeación, como aconteció con el impuesto de vehículos”, aseguró el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sobre las decisiones del Ministerio de Transporte en referencia al cálculo de la base gravable para el impuesto de vehículos en el país y la problemática generada por ellas.
El jefe del Ministerio Público explicó que además de las acciones preventivas y las recomendaciones hechas al Ministerio de Transporte en defensa de los intereses colectivos, participará en la demanda de nulidad que en la materia fue presentada ante el Consejo de Estado.
“La Procuraduría acudirá a la jurisdicción contenciosa administrativa en la demanda que se presentó para obtener la nulidad de esa resolución que desconoce abiertamente las realidades que está regulando y es abiertamente inequitativa e injusta. La Procuraduría ha hecho advertencias a los funcionarios del Ministerio de Transporte para que hagan las modificaciones requeridas”, explicó.
Ordóñez informó además que en desarrollo de sus competencias constitucionales en materia preventiva y ante la problemática generada por el contrato firmado por el Ministerio de Transporte y la empresa Datasoft Ingeniería LTDA para realizar el cálculo de la base gravable para el pago de impuestos de vehículos, por valor de 439 millones de pesos, la Procuraduría previamente solicitó:
• Al Ministerio de Transporte: Ajustes de manera oportuna a la resolución 0005358 de 2015, dentro del cumplimiento de las disposiciones legales, ante posibles falencias identificadas en dicha resolución, tales como el no encontrarse el avalúo de los vehículos para el año 2016, que algunos vehículos no se encuentran dentro de la resolución y que está sobrestimado el valor de algunos de ellos frente al valor comercial.
• Al operador disciplinario: que investigue el contrato y el procedimiento del mismo y defina si se realizó en debida forma.
Según el Ministerio Público, la problemática generada por este nuevo avalúo de los vehículos podría afectar los pagos por impuestos, SOAT, garantías y la economía de los colombianos propietarios de automotores.
Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se dieron desde la ciudad de Santa Marta, en donde preside el ciclo de mesas de trabajo denominado ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’, dirigido a gobernadores y alcaldes de Magdalena, La Guajira y Cesar.