Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y teniendo en cuenta la difícil situación que actualmente tiene la administración de justicia en el país, ha convocado a una mesa de trabajo conjunta con el ministro de Justicia y del Derecho, la Rama Judicial y las superintendencias con funciones en justicia civil, para hoy, lunes 5 de mayo, en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación, a partir de las 10:30 am, con el propósito de lograr una colaboración armónica para la promoción del acceso, eficacia y transparencia en la justicia civil y comercial en Colombia.

Algunos de los problemas identificados, y que afectan a miles de ciudadanos que acuden a la justicia colombiana, que deben ser enfrentados a través de una acción de Estado para fortalecer la administración de justicia, son los notables retrasos en los términos procesales que excepcionalmente se cumplen a cabalidad, siendo la morosidad una constante en el trámite de las demandas, teniendo en cuenta que el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil determina que no puede transcurrir más de un año para dictar sentencia en los procesos, desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago al demandado, sin embargo, pese a ser un término de carácter perentorio e improrrogable, en la mayoría de los casos no se cumple.

Por otra parte, mediante solicitud de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, el Consejo Superior de la Judicatura realizó auditorías a repartos de acciones de tutela  y  de acciones civiles en general en procesos judiciales, encontrando en diferentes casos procedimientos de tipo irregular en el sistema de repartos, tales como: realización de manera consecutiva del reparto del mismo asunto, cambios de grupo de la secuencia sin efectuar el nuevo reparto, manipulación de las bases de datos y bitácora, manipulación para que el reparto otorgue a otro despacho judicial al que técnicamente correspondería.

Frente a estos hechos, la Procuraduría ha procedido a solicitar las investigaciones penales y disciplinarias de rigor ante las autoridades competentes.

Adicionalmente a estos casos identificados, se ha detectado una serie de irregularidades más en varios de los procesos que llegan a los despachos judiciales, por lo que el Ministerio Público busca con esta mesa de trabajo conjunta diseñar una acción preventiva integral.