Procuraduría, con ojo avizor a Buenaventura | El Nuevo Siglo
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Viernes, 16 de Junio de 2017
Redacción Política

La Procuraduría General de la Nación, como parte de la toma anticorrupción anunciada por el jefe del Ministerio Público, avanza en las investigaciones contra altos funcionarios del puerto vinculados a presuntos actos de corrupción, irregularidades disciplinarias y eventualmente penales.

Como parte de esta toma se desplazaron a Buenaventura el viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González y otros funcionarios de la entidad.

El Viceprocurador presidió una audiencia donde los ciudadanos denunciaron irregularidades y negación en la prestación de los servicios de la salud, reconocimiento de derechos laborales, e irregularidades de la administración local y gobiernos anteriores.

Como parte de su diálogo con los ciudadanos de Buenaventura, Cortés González insistió en la necesidad de restablecer la confianza para superar los conflictos, al tiempo que hizo un balance de los 8 puntos del acuerdo entre el Gobierno nacional y los líderes cívicos que puso fin al paro de 20 días en el puerto.

“La Procuraduría General de la Nación, como Ministerio Público, es garante del cumplimiento de los acuerdos que permitieron que el Gobierno nacional y los líderes y la comunidad de Buenaventura suspendieran y levantaran la actividad de protesta en pasados días. Hoy, lo que hemos hecho es hacer un balance de los grandes compromisos existentes, de la agenda temática de los 8 grandes componentes del acuerdo, y hemos definido lo que será la hoja de ruta del acompañamiento de aquí en adelante”.

Cortés González precisó que el ente de control estará atento al cronograma que defina el Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos, para, si es del caso, hacer alertas o advertencias tempranas “para que no nos pase que tengan que incurrir nuevamente en paros y protestas para hacer cumplir lo que dice la Ley o lo que se logró acordar”.

El Viceprocurador anunció que como parte de la lucha contra la corrupción que anunció el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, se reforzará el equipo de trabajo de la Procuraduría Provincial de Buenaventura, y se acelerarán las investigaciones que se adelantan en la región y a nivel central, entre las que se destacan:

Dentro de las investigaciones se indagan presuntas irregularidades en el proceso de selección y ejecución por parte de Findeter de obras del acueducto y alcantarillado, relacionadas con el tanque de almacenamiento de Venecia y Escalarete.

Se investigan contratos no suscritos, pero que se ejecutaron en la administración del alcalde Bartolo Valencia Ramos,  presidente de la junta directiva del hospital. El expediente está en práctica de pruebas.

Se evalúan las denuncias del exgerente del hospital, Pedro Pablo Cortés, sobre presuntas presiones y exigencias del actual alcalde, Jorge Eliécer Arboleda, para nombrarlo en el cargo.

Se encuentra en averiguación, para la identificación de responsables, la deuda de más de $3 mil millones, por servicios de salud que no fueron cancelados.

Además, la Procuraduría indaga presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato celebrado por la Alcaldía Distrital para el Programa de Alimentación Escolar. Además de las presuntas violaciones al régimen contractual, se evalúa la compulsa de copias por la posible comisión de hechos punibles.

También se investigan presuntas irregularidades en la Universidad del Pacífico relacionadas con la elección del rector,

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el proceso de designación del rector, la falta de modernización de la planta de personal, efectos adversos en actuaciones del Consejo Superior Universitario, irregularidades en el área de talento humano y baja ejecución presupuestal.

Se investiga el contrato firmado por la Alcaldía con Fundaser del Pacífico, por $4.750 millones, para la realización del Festival Litoral del Pacífico, incluida la elección de su reina. También se investiga al entonces alcalde Bartolo Valencia Ramos por la presunta modificación de la nómina dentro del período de la ley de garantías y las irregularidades que impiden la construcción de la doble calzada a Buenaventura, en el tramo Quebrada Limones - Cisneros.