La Procuraduría General de la Nación advirtió mediante comunicación remitida a los 32 gobernadores y 1.102 alcaldes, así como a los ordenadores del gasto de las entidades públicas, sobre los riesgos en la contratación estatal del final de periodo presupuestal.

En dicha comunicación igualmente se recomendó la correcta aplicación de protocolos para el trámite de cierre de presupuestos y se recordaron las limitaciones legales para la constitución de reservas.

El requerimiento fue tramitado ante las evidentes debilidades territoriales en los procesos de planeación y ejecución efectiva y suficiente de los presupuestos de la vigencia en curso.