Es un malentendido lo que ha pasado entre la Fiscalía y la delegada de la Procuraduría para la infancia y la adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, quien aclaró que con el cuestionario que solicitaron diligenciar a los funcionarios judiciales no se está pidiendo información confidencial, ni tiempo extra en sus laborales.

“Nosotros no estamos solicitando información de reserva”, dijo la funcionaria aclarando que “lo queremos es conocer cuál es la actuación de todos los actores que tiene que ver con el tema de la violencia sexual”.

Hoyos aceptó la advertencia del fiscal, Eduardo Montealegre, quien señaló que los judiciales no podrán ser investigados disciplinariamente por el Ministerio Público, pero lamentó que los invitara a negarse a diligenciar el cuestionario sobre violencia sexual.

El jefe del ente acusador hizo la advertencia saliendo al paso a la exigencia que la Procuraduría hizo a los funcionarios de la Fiscalía, quienes tenían “15 días para responder un cuestionario sobre violencia sexual contra niños”, de no hacerlo incurrirían en una falta disciplinaria.

Sin embargo, el Fiscal pidió a los funcionarios abstenerse de diligenciar la forma y en el mismo documento en que declara la advertencia al Ministerio Público argumento: “esta directriz se adopta con fundamento en las facultades otorgados por la Constitución, y la ley al Fiscal General de la Nación, en concordancia con los principios de unidad de gestión y jerarquía, la protección de los derechos de las víctimas y la preservación del adecuado desarrollo del proceso penal”.