El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le presentó al Gobierno Nacional un análisis frente a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para una posible reforma pensional, con el propósito de que se consideren algunos aspectos de orden jurídico, social, económico y administrativo.
En oficio remitido al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, el jefe del Ministerio Público solicitó efectuar un estudio profundo (teniendo en cuenta la situación de empleo del país y la baja cobertura de pensionados) sobre la pertinencia de emprender una reforma inmediata que por sí sola no va a garantizar ampliación de coberturas.
Preocupa al procurador general que de acuerdo con las recomendaciones de Asofondos y de la OCDE, la reforma pensional estaría encaminada a realizar cambios estructurales al aumentar aún más los requisitos de edad y semanas de cotización, igualar las edades del hombre y la mujer, equiparar el Régimen de Prima Media (RPM) con el de Ahorro Individual y disminuir las pensiones de salario mínimo, entre otros aspectos. Señala que ya de hecho la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 1° de 2005 trajeron consigo importantes reformas mediante las cuales se limitaron los beneficios y se encarecieron más las posibilidades para acceder al derecho pensional.
Al referirse al panorama en materia de empleo, advierte el procurador general que no obstante haberse adelantado varios esfuerzos normativos en materia de trabajo digno y decente, el país afronta problemas complejos como la informalidad y la evasión de aportes al Sistema de Seguridad Social. Indica al respecto que “Todas las reformas de los últimos 20 años apuntan a ampliar cobertura y nada que se consigue el objetivo porque las reformas por si solas no generan cobertura. En cuanto a la problemática de la baja cobertura pensional, producto del desempleo, el subempleo, las formas atípicas de vinculación laboral o desregulación del mercado de trabajo, la evasión al sistema de seguridad social y la informalidad que afecta a nuestro país, se recomienda seguir trabajando en políticas públicas para la generación de trabajo digno y decente”.
Frente a la propuesta de nivelación de la edad de pensión, señala la importancia de tener en cuenta la situación laboral en que se encuentran las mujeres en el país, y cita estudios como el adelantado por Dejusticia con la Procuraduría y el apoyo de USAID sobre el “Trabajo Digno y Decente en Colombia - Seguimiento y Control Preventivo a las Políticas Públicas”, donde se puso de presente que existen varios déficit de empleo y de calidad del trabajo que afectan considerablemente a grupos poblacionales como las mujeres, los trabajadores rurales, las personas con bajos niveles de educación y los jóvenes.
Se refiere asimismo al estudio del Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia (presentado a fines de enero pasado), según el cual la informalidad laboral de la mujer es más alta que la de los hombres y un 80% de las mujeres mayores de 57 años no tienen pensión. El jefe del Ministerio Público indica que este panorama de discriminación coincide con lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las tendencias mundiales del empleo de las mujeres: aunque sus niveles de educación continúan elevándose en todo el mundo, la inequidad salarial se mantiene y las oportunidades a la hora de conseguir empleo, ascender o desempeñar cargos directivos, siguen siendo escasas.
Destaca finalmente que la formalización laboral es la forma más eficaz de construir una pensión.
Frente a las críticas de algunos sectores económicos que han manifestado que la crisis financiera tiene como culpable al jubilado del Régimen de Prima Media y que las pensiones hacen parte de la economía de mercado por lo que son solo un ahorro y no un derecho, el procurador general señala que en el país no hay más de 1.400.000 pensionados del RPM y el 80% de ellos devenga una pensión entre 1 y 2 salarios mínimos. Advierte asimismo que la ineficiencia administrativa para decidir en tiempo y en derecho las solicitudes pensionales es lo que está ocasionando un gran detrimento patrimonial.
Cita además experiencias de otros países (como Chile y Argentina) que han adelantado contrarreformas después de implementar modelos privatistas de pensiones al evidenciar que estos sistemas presentan inequidades por los altos costos administrativos y porque los recursos no alcanzan para una pensión de salario mínimo. Destaca que según el Banco Mundial “el sistema privado es inviable en países en desarrollo pues solamente ha alcanzado una cobertura del 20%, dejando a la población pobre y vulnerable sin acceso a un régimen pensional adecuado”.
De otra parte, el jefe del Ministerio Público manifiesta que aún no se han visto los resultados de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y que el alcance del programa “Colombia Mayor” es muy limitado, por lo que se hace necesario trabajar en garantizar los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y ampliar coberturas en seguridad social, de manera que se atiendan las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia de los adultos mayores sin ninguna capacidad económica.
En consideración a estas realidades nacionales y teniendo en cuenta que es el Ministerio de Trabajo quien debe liderar la política pública pensional en Colombia, el procurador general de la Nación solicitó que el estudio que se realice para una posible reforma pensional se adelante de cara al país, con la participación de actores como académicos, trabajadores, empleadores y pensionados, en un verdadero ambiente de diálogo social y teniendo en cuenta que el sistema pensional no es un tema simplemente financiero, sino un derecho que debe amparar las contingencia en la última etapa de la vida de los colombianos.