Adelantar las diligencias necesarias para investigar, juzgar y si es el caso condenar a miembros del M-19 responsables de la toma del Palacio de Justicia y que fueron amnistiados en 1989 en un proceso de paz, pidió ayer el procurador Alejandro Ordóñez en una misiva al fiscal General, Eduardo Montealegre. El Jefe del Ministerio Público dijo que en ese asalto fue responsable de actos de ferocidad y barbarie que son imposibles de amnistiar.

La petición del Procurador General se produjo pocas horas después de que el Fiscal General anunciara una investigación para determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías con los que fue favorecida la cúpula del M-19 luego del proceso de paz en que se reintegró a la sociedad en el gobierno de Virgilio Barco. “Cuando termine ese estudio, podremos determinar si comparecen en calidad de investigados penalmente o si comparecen para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, pero una determinación en ese sentido solo podrá adoptarse realmente cuando termine la investigación el Vicefiscal General de la Nación”, explicó Montealegre.

El anuncio de esta investigación por parte del Fiscal General levantó una polvareda política porque para algunos el Estado incumpliría su palabra empeñada y que permitió que se adelantara el proceso de paz con el M-19; en tanto que hay sectores que dicen que no estuvo bien conceder una amnistía generalizada, sin tener en cuenta que algunos de sus integrantes fueron responsables de delitos de lesa humanidad.

El procurador Ordóñez en su misiva al Fiscal General indicó que “a pesar de que transcurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y condenar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia... Hasta la fecha no existe sentencia contra ningún miembro de la cúpula de esa organización”, manifestó.

En la misiva, el Procurador destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que “el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole”, señalando que en el caso de la toma del Palacio de Justicia, los entonces cabecillas del M-19 aceptaron su responsabilidad, pero jamás explicaron al país y a las víctimas lo sucedido, los cómplices y financiadores de la acción criminal, ni lo acontecido tras los hechos.

El jefe del Ministerio Público también recordó los pronunciamientos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado reiteradamente en el sentido de que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los DDHH como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

 “El Estado, así sea tres décadas después, debe investigar, juzgar y condenar a los responsables. Esta obligación debe cumplirse inmediatamente por la justicia ordinaria y no estar sujeta a los resultados de un eventual Acuerdo con las Farc  y menos a que se adopte un modelo de justicia transicional”, indicó Ordóñez.

Por su parte, el Fiscal General dijo que la carta del Procurador coincide en buena parte con los propósitos de su despacho en este caso, que no es otro que impulsar que la investigación judicial cumpla con los estándares internacionales en materia de graves violaciones a los derechos humanos.