En comunicación enviada a los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación, solicitó al Congreso atender, en el trámite de futuras leyes estatutarias, la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia en materia de justicia y en relación al Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz.

 

La CIDH, a través del informe sobre Colombia titulado ‘Verdad, justicia y reparación’, reiteró que “los mecanismos de selección y renuncia a la investigación de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos podrían plantear incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado colombiano” y que “un modelo de justicia transicional debe ser respetuoso de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos”. 

 

“Tomando en consideración que el deber de investigar y juzgar casos de graves violaciones de DDHH es irrenunciable, la selección y ausencia de investigación de esos casos plantea incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado”, agrega el informe.

 

Por ello, la CIDH recomendó al Estado colombiano que “adecué el Marco Jurídico para la Paz y las leyes estatutarias que se deriven a los estándares internacionales de DDHH señalados en este informe”.

 

El Gobierno Nacional respondió no compartir dicha recomendación a pesar de manifestar el estar “comprometido con una estrategia que sea compatible con el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

 

Ante ello, la necesidad de garantizar el cumplimiento riguroso de eventuales acuerdos que alcance el Gobierno con el grupo de las Farc y ante el riesgo de que aspectos claves en materia de justicia contengan dichos acuerdos puedan perder validez por decisión de un tribunal internacional, al no ajustarse estrictamente la Convención Americana sobre los DH y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el procurador Ordóñez Maldonado pidió al Congreso de la República: “Tener en cuenta la preocupación puntual de la CIDH consistente en que el criterio de ‘selección’ pueda conllevar impunidad en cuanto a los graves violaciones a los DDHH cometidas en relación con el conflicto armado, al igual que la recomendación de adecuar las leyes estatutarias a los instrumentos internacionales de protección de los DDHH”. 

 

El jefe del órgano de control recordó que aunque la justicia transicional prevé la posibilidad de flexibilizar la legislación ordinaria para permitir la concreción de un acuerdo de paz entre Gobierno e insurgencia, tal flexibilidad no puede interpretarse como un aval para desconocer los mínimos de justicia contemplados por el derecho internacional.

 

“Dentro del espíritu de un Pacto para la Paz que blinde jurídicamente los acuerdos y les otorgue sostenibilidad política”, el jefe del Ministerio Público recomienda al Congreso de la República,  iniciar un debate “lo más amplio posible” con todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente las víctimas, para construir consensos en lo relacionado a mecanismos que permitan lograr la desmovilización total y el desarme absoluto de los grupos armados al margen de la ley y garantice la sanción de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios, al igual que de aquellas conductas que constituyan graves violaciones a los DDHH como violencia sexual contra la mujer y contra los niños, desaparición forzada y torturas.