Señala fernando Carrillo que una Colombia reconciliada enviará menos ciudadanos a las prisiones

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Al descartar una constituyente para solucionar la crisis de la justicia y el problema del hacinamiento de las cárceles, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,  se mostró partidario de buscar alternativas para mejorar esta situación en el país.

En la apertura del I Congreso Internacional ‘Hacia la Construcción de una Nueva Política Penitenciaria en Colombia’, Carrillo Flórez expuso su preocupación frente a la grave situación que afronta el país en esta materia y advirtió que “no podemos ser rehenes del chantaje, ni prisioneros de espíritus vengativos".

En su intervención, el jefe del Ministerio Público formuló acciones que a su juicio deben “aplicarse de manera urgente” para afrontar esta situación.

El Procurador General pidió a corto plazo una política de choque para romper las barreras que impiden el “deshacinamiento y la humanización de las cárceles” y exhortó a la Corte Constitucional para que en el seguimiento a su fallo sobre el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles, actualice las medidas necesarias para que los entes territoriales comprometan los recursos y construyan establecimientos carcelarios para los detenidos preventivamente.

“Sé que no es rentable políticamente para los alcaldes construir cárceles, máxime en los tiempos preelectorales, pero es obligatorio que todos hagan su aporte”, recalcó y advirtió que “no se trata de votos, sino de vidas humanas que exigen garantías a sus derechos”.  

Anunció que el organismo de control presentará una acción popular para defender los derechos y brindar condiciones dignas de las personas privadas de su libertad con la construcción de nuevas cárceles en los municipios. Aseguró que los colombianos deben entender que “una cárcel no es una carga social, sino una herramienta de transformación para garantizar derechos”.  

Así mismo instó a los alcaldes a incluir este objetivo en sus planes de inversión y de desarrollo municipales.

Mayor efectividad

El jefe del órgano de control dijo que la Entidad articulará su labor con la Defensoría del Pueblo y las personerías para actuar como Ministerio Público y afirmó que reforzará las medidas preventivas y disciplinarias en vigilancia a la contratación de recursos públicos destinados a solucionar la crisis en el sector, con visitas a los establecimientos carcelarios y sanción disciplinaria para quienes, como funcionarios públicos, violen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El Procurador General enfatizó en que la tarea urgente del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio Público es revisar la política criminal y penitenciaria y pidió “disminuir el peso de la justicia mediática en las decisiones que afectan la libertad de las personas”.

Carrillo Flórez aseguró que “la educación y la justicia son los nombres de una Colombia reconciliada que envía menos ciudadanos a las cárceles y más jóvenes a las universidades”.

Manifestó que la solución a largo plazo está en el acatamiento de la Constitución donde están “las fórmulas que sanarán las heridas” que deja la pobreza, la insolidaridad, el abandono y el olvido de los más vulnerables.

En cuanto a la importancia de la cooperación internacional, el Procurador General hizo un llamado a los “países amigos y a las agencias de cooperación internacional para que nos ayuden a superar esta crisis”.

“Los invito a comenzar a dar los pasos para alcanzar ese pacto por humanizar el sistema penitenciario”. 

El evento, realizado en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación, fue instalado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien socializó las acciones que el Gobierno nacional ha adelantado frente al sistema penitenciario y carcelario del país en materia de inversión en infraestructura y en la mejora de las condiciones de los presos y de los trabajadores del sistema.

“Nuestra apuesta es tener una política criminal que respete los derechos humanos de las personas. Así como procuramos tener cárceles más dignas y habitables, también tenemos que dar las posibilidades de reintegrarse a la sociedad cuando cumplan sus condenas”.

El I Congreso Internacional es organizado en coordinación con la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Cooperación Española, Fiiapp, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid.

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