FUE destituido e inhabilitado por 18 años al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por la Procuraduría, dentro de un nuevo proceso por la cesión del contrato 137 de la Fase III de Transmilenio.

De acuerdo con el Ministerio Público, presuntamente, el entonces mandatario distrital, tenía intereses directos e ilegales de dicha cesión.

En 2011, por hechos de ineficiencia administrativa, ante el colapso de la movilidad y frente a la grave situación que en su momento se vivió en la administración distrital, el procurador Alejandro Ordóñez, suspendió y e inhabilitó por el término de 12 meses contra Moreno.

“La investigación que se llevó a cabo fue completa y pormenorizada con más de 5 mil folios que componen el expediente. En ella aproximadamente fueron escuchadas 40 personas”, se indicó.

También se recopiló material documental producto del traslado de pruebas de la Corte Suprema de Justicia y de los diferentes juzgados penales que en la actualidad investigan los mismos hechos; solo hasta hace un año de la Fiscalía (a pesar de que muchos testigos ya habían declarado allí y comprobado los hechos de corrupción del alcalde Moreno); de la Contraloría General y del Tribunal de Arbitramento que conoció la demanda presentada por Conalvías contra el IDU por la ejecución del contrato de la calle 26.

Después de practicadas y analizadas las pruebas referenciadas, el Procurador probó, “en grado de certeza”, la intervención de Moreno Rojas en la cesión, en donde fue determinante la declaración de Inocencio Meléndez Julio, director jurídico del IDU, quien afirmó que los directores del Instituto no hacían nada sin la previa autorización del entonces alcalde mayor de Bogotá.

Igualmente, se determinó que a través de maniobras de engaño y presión, Liliana Pardo, directora del IDU para la época de los hechos y sobre quien pesa una orden de captura, supuestamente impidió que otras empresas pudieran participar en igualdad de condiciones.