Eduardo Campo Soto presentó una solicitud de conciliación al Ministerio Público por ese valor para no demandar al Estado por haber sido víctima de las ‘chuzadas’.
 

El haber sido víctima de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad le causó perjuicios morales tanto a él como a su familia, enfatizó Campo Soto.
 

Especifica en el documento presentado que fue tenido por “blanco político”, convirtiéndolo en “víctima de infiltraciones, seguimientos personales, incluso vuelos aéreos en los que se transportó, hechos que constituyen abusos y arbitrariedades gravísimas que han ocasionado enormes perjuicios morales”.
 

Por esto, el representante de la Procuraduría General pidió una reparación de 500 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de sus familiares y para él mismo.
 

Todos los vejámenes que sufrió por parte del DAS significaron para él “angustia, depresión, estrés, desesperación e insomnios, afectando su paz familiar, pues se trata de personas honorables y distinguidas de la sociedad colombiana”.
 

Para resarcir los daños causados y no demandar a la Nación, exige a ese organismo la cancelación de más de 283 millones de pesos.