A propósito del proyecto de ley de extinción de dominio que cursa actualmente en el Congreso, el procurador general, Alejandro Ordóñez, manifestó su preocupación por la norma que en dicho proyecto ordena monetizar los bienes a lo que se les ha extinguido al dominio y que están en cabeza de la Fiscalía General.

Para el jefe del Ministerio Público no parece constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario. Igualmente, señala sus reservas frente a la concesión de beneficios a los testaferros, dado que sería un claro enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato.