El fiscal del caso Agro Ingreso Seguro, AIS, sostuvo ante el Juez 25 Penal de Bogotá, con funciones de conocimiento, que el proceso al que están vinculados miembros de la familia Dávila Abondano debe continuar en la capital y no en Santa Marta, como lo pretende la defensa.

“Es en Bogotá donde el Iica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, estudió las propuestas de los diferentes peticionarios y aspirantes a los subsidios. Allí se hicieron los análisis, los requerimientos y fue donde los comités administrativos aprobaron la entrega de los apoyos económicos”, recordó el funcionario judicial.

Aclaró, que es cuestión diferente que esa entidad haya facilitado a los aspirantes a los subsidios la recepción de documentos en otras ciudades, que luego fueron enviados a Bogotá, donde se produjo el efecto jurídico de las presuntas irregularidades.

Recordó, también, que la Corte Suprema de Justicia en un caso similar contra la familia Vives Lacouture señaló recientemente que la competencia del trámite del juicio era de un juzgado en Bogotá, ciudad donde se produjeron los hechos. “No es un capricho de la Fiscalía, es la competencia que se define legalmente”, concluyó el fiscal.

Al término de la diligencia el Juez 25 Penal dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia la petición de traslado elevada por la defensa de los procesados.